La Generalitat ha cerrado 2015 con un déficit presupuestario de 4.185,91 millones de euros. De esta cantidad, cerca de 2.000 millones provienen de facturas inesperadas a las que ha tenido que hacer frente el nuevo Consell, mientras que 1.057 millones son los previstos del Fondo de Competitividad, que se debe cobrar en 2017 y que el anterior Consell presupuestó con el argumento de que el Gobierno central se lo abonaría. A estas cantidades hay que sumar 140 millones previstos en tasas, otros 140 en venta de edificios y 190 en venta de parcelas, que no se han ingresado.

Con estos datos, la liquidación mejora tímidamente: el saldo negativo se ha reducido un 6,54%. La Intervención General presentó ayer el informe de las cuentas. El documento evidencia el proceso de «saneamiento de las cuentas públicas» en que está inmersa la Generalitat, como explicó la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y, en ese sentido, se incorporan al resultado de 2015 1.190 millones de gasto no presupuestado, en su mayoría procedente de ejercicios anteriores. De hecho, cuando el nuevo Consell tomó posesión el pasado mes de junio, «el 80,4% del gasto ya estaba adjudicado», precisó.

Cabe recordar, con todo, que el nuevo presupuesto para 2016 es enteramente del bipartito. La foto de la precariedad que se desprende de las cuentas es similar, aunque Puig ha gestionado un presupuesto heredado desde junio por lo que ha tenido escaso margen de maniobra. Será ahora, con el presupuesto de 2016, cuando podrá gestionar en su totalidad las cifras de la Generalitat.

Respecto al apartado de gastos, se han contabilizado necesidades de gasto no presupuestados por importe superior a 450 millones de euros. Entre ellos, se encuentran pagos pendientes a la Seguridad Social y a la AEAT por importe conjunto de 90 millones de las retenciones de los funcionarios de años anteriores, así como facturas de farmacia, de Dependencia y otras materias. Además, hay expedientes de enriquecimiento injusto por importe de 767,7 millones de euros, la mayor parte de ellos derivados de compromisos de gasto de ejercicios anteriores a 2015. Asimismo, han quedado pendientes de pago más de 2.200 millones de euros, de los cuales unos 300 millones corresponden a ejercicios anteriores.

En cuanto a los ingresos, se constata que ha habido hasta 1.966,6 millones en derechos que fueron presupuestados por el anterior Gobierno y que no se han recibido 1.966,6 millonesno se han recibido, «lo que supone unas previsiones muy al alza respecto a la realidad». Entre esos fondos, figuran el anticipo de 1.057 millones previstos del Fondo de Competitividad que se debe cobrar en 2017 y que el anterior Consell presupuestó con el argumento de que el Gobierno central se lo abonaría. El nuevo Gobierno ha presupuestado 1.300 millones provenientes del pago de la infrafinanciación, pero es una partida que, por el momento, se desconoce si se cobrará más allá de la intención política del Consell de reclamársela al nuevo Gobierno.

Pese al esfuerzo de saneamiento de las cuentas y partiendo de la situación de infrafinanciación de la Generalitat, la totalidad de los indicadores ha mejorado respecto a 2014. Así, la liquidación refleja un remanente de tesorería total negativo de 2.593,76 millones, lo que supone un descenso del 12,98% respecto a 2014, cuando se elevó a 2.980,67 millones. El motivo de ello es el elevado volumen de pagos realizado a lo largo del ejercicio de 2015.