El Consell denunciará a gestores de sus empresas públicas por despilfarro

El presidente de la Generalitat subraya que buscan recuperar el «dinero robado» y «el pésimamente gestionado»

27.02.2016 | 01:31
El jefe del Consell, Ximo Puig, ayer junto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

La Abogacía de la Generalitat estudiará caso por caso la posibilidad de emprender las acciones de responsabilidad contempladas en la ley de sociedades de capital contra miembros del consejo de administración de las entidades del sector público empresarial y fundaciones, dado que el Gobierno valenciano no quiere solo «recuperar el dinero robado, sino también el dinero pésimamente gestionado» y «también son responsables de lo que ha pasado los gestores que han llevado a la ruina sociedades como Ciegsa, Cacsa o Vaersa, que pueden y han de responder con su patrimonio personal». Así lo anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en las Cortes, ante la pregunta del portavoz de Podemos, Antonio Montiel, sobre la situación actual de las plantillas de las empresas, fundaciones y otros entes integrantes del sector público instrumental valenciano y cuál es la hoja de ruta del Consell en relación a esta «problemática».

Al respecto, el jefe del Consell señaló que si ha habido un «agujero negro» en la gestión de los anteriores gobiernos es el que se ha producido en el sector público y fundacional, una «administración paralela, en b, que llegó a tener 10.000 trabajadores», que en su mayoría entraban sin haber pasado una prueba selectiva bajo los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Puig añadió que «en los años de máximo delirio, del despilfarro inmenso» se creó un «mastodóntico» sector público que pasó de 22 entes en 1995 a 71 en 2011, multiplicando su presupuesto y su gasto en personal. El nuevo Consell, continuó el jefe del Consell, se encontró «un absoluto marasmo» en el sector público, ya con 6.000 empleados, convertido en «un holding empresarial utilizado como agencia de colocación». En su intervención, Puig apuntó que el anterior gobierno se fue sin cumplir el mandato de publicar las plantillas de todas las empresas y fundaciones, pese a que debía haberlo hecho antes de diciembre de 2012 pero hizo «tres modificaciones legales» para evitarlo. No obstante, Puig garantizó ayer que tras 20 años «de disparates, de opacidad y de blindajes» este mes de junio se hará pública por primera vez la relación de puestos de trabajo del sector público, de todas las empresas. «20 años después de la oscuridad, ya es hora», subrayó.

Por su parte, Montiel lamentó que la reducción del sector público se ha cargado «a las espaldas de los trabajadores» con expedientes de regulación de empleo que han tenido «luces y sombras» y que han hecho que «los paganos de esa reestructuración» hayan sido «trabajadores que llevaban largos años de trabajo». Asimismo, el síndic de Podemos pidió que la publicación de la relación de puestos de trabajo y plantillas se realice «con transparencia» y, dado que existe la sensación de que «hay más jefes que indios», reclamó que «se aclare el sistema de acceso a esos puestos existentes, quiénes los ocupan y cuáles son sus retribuciones», al tiempo que se preguntó «qué ocultaba» el PP al retrasar esta lista.

Por otro lado, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, añadió que al Consell le preocupan los «profesionales con experiencia, que son muchos, honestos y que han trabajado en estas empresas», y trabaja para buscar los procedimientos legales y las vías para «perjudicar lo menos posible a los trabajadores que han dejado su vida, su piel y esfuerzo por el servicio público valenciano».

En la sesión de control de ayer, las Cortes aprobaron, con la abstención de los populares, una modificación de la Ley de Transparencia para dar cabida en la Comisión Ejecutiva al PP, cuyo representante será elegido en un plazo de dos meses. El PP era el único grupo sin representación.

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