Una instrucción que arrancó en octubre de 2012, cuatro jueces y casi un año de parálisis. Estas son las cifras que en estos momentos salpican la causa abierta por supuestas irregularidades en la tramitación del macroplán urbanístico Rabasa. Uno de los procesos de mayor calado de los abiertos por corrupción en la provincia junto al que se sigue por supuestos amaños en el PGOU de Alicante y los que investigan la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja y la contrata de las basuras en Orihuela, del que bajo la marca paraguas de Brugal se desgajaron todos los anteriores.
A los imputados (ahora investigados) en esta causa tras la denuncia presentada por EU se les atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por su intervención en la tramitación de un plan urbanístico que preveía construir más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados en una zona de expansión de la ciudad junto a un futuro centro de la multinacional sueca Ikea. Tras al arranque de la instrucción a manos de Juan Carlos Cerón, entonces titular del juzgado de Instrucción 6 de Alicante y a quien la Audiencia obligó a indagar el asunto después de que le hubiera dado carpetazo por segunda vez, la investigación judicial se ha sumido en una parálisis de la que a punto está de cumplirse un año.
Fue en la primavera de 2015 cuando Cerón dejó el juzgado para incorporarse a la Audiencia y desde entonces ni Daniel Barrientos, su inmediato sustituto, ni Alejandro Mariscal de Gante (el juez de apoyo del magistrado Manrique Tejada que tuvo que compaginar esta tarea con el juzgado que llevaba Barrientos tras la marcha de éste) ni ahora el actual responsable, César Martínez, han avanzado en una instrucción en la que ya desfilaron ante Cerón en calidad de imputados la exalcaldesa de la ciudad Sonia Castedo, el empresario Enrique Ortiz, el exgerente de Urbanismo Enrique Sanus y los técnicos municipales Isabel Campos y José Luis Ortuño, quien fue citado como testigo pero acabó declarando como imputado.
En el aire quedaron, y siguen, las declaraciones de los técnicos de Fomento Enrique Peiró y Francisco Javier Criado, citados inicialmente como imputados y a quienes no se les ha vuelto a llamar después de que se suspendiera su declaración aunque la Abogacía del Estado, que lleva su defensa, sigue personada en el procedimiento. Además de las testificales, antes de marcharse Cerón acordó también el archivo del caso para otros dos de los denunciados: el exalcalde Luis Díaz Alperi y la entonces presidenta de la Confederación del Júcar Ángeles Ureña.
Sólo las citas de Ortiz
El poso que el paso de Daniel Barrientos, el inmediato sustituto de Cerón, dejó en el caso Rabasa se puede resumir en su petición de explicaciones a la Policía acerca de los dos encuentros que, a instancias de Enrique Ortiz, mantuvo el promotor con los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante que investigan tanto este asunto como el de los presuntos amaños del PGOU en el que está también están encausados el propio Ortiz y Sonia Castedo, entre otros.
Los agentes dieron las explicaciones que Barrientos les reclamaba aunque poco después la Audiencia, ante la que el fiscal Felipe Briones había recurrido la decisión del juez, acordó que los investigadores no tenían por qué explicar nada. En este periodo el fiscal se dirigió también al juez para instarle a que citara a declarar a la cúpula directiva de Ikea, solicitud que tuvo que realizar en dos ocasiones después de que, a la vista de que no daba curso a su petición, se la planteara de nuevo sin que a este diario le conste si se le ha admitido.
La responsabilidad de reactivar la instrucción está ahora en manos del magistrado César Martínez quien, de entrada y como primera tarea, ha de dar respuesta a la petición planteada por Briones a finales del pasado mes para que declare el procedimiento causa compleja. Un trámite necesario a raíz de la entrada en vigor en la nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar una prescripción que, de no constatarse la complejidad del proceso, llegaría el próximo junio. En caso contrario, el plazo se ampliaría en 18 meses, prorrogables por el mismo periodo de tiempo, como ya ha ocurrido en el proceso del PGOU.
