Zafarrancho de combate en defensa de la Diputación, la única gran institución con sede en Alicante junto a la Sindicatura de Greuges. La dirección del PP iniciará una ofensiva política para garantizar la continuidad de la corporación provincial como respuesta al pacto alcanzado por los socialistas y Ciudadanos que incluye la supresión de las diputaciones para sustituírlas por un consejo de alcaldes. Habrá mociones en los municipios, en la propia corporación provincial, iniciativas parlamentarias en las Cortes y se desplegará también una propuesta a favor de estas instituciones en la Federación Valenciana de Municipios (FVMP), encabezada por el socialista Rubén Alfaro y en la que el presidente de la Diputación, César Sánchez, ejerce de portavoz del PP.
En el pacto que han suscrito Pedro Sánchez y Albert Rivera para intentar lograr la investidura del líder socialista, ambas formaciones acuerdan una reforma «express» de la Constitución que supondría, entre otras medidas, la supresión de las corporaciones provincialessupresión de las corporaciones provinciales. Esa modificación, en cualquier caso, necesitaría del respaldo del PP para salir adelante. Y, de salida, los populares están absolutamente en contra, como explicitarán en una ofensiva de calado político. Con esas iniciativas en ayuntamientos, Diputación, hemiciclo autonómico y FVMP, la cúpula popular pretende que el resto de las formaciones se «retraten». La Diputación de Castellón y Alicante son las dos principales instituciones que quedan en manos del dirigentes del Partido Popular. Escaso bagaje para una formación que tuvo un poder absoluto durante dos décadas.
Y además, en el caso de nuestra circunscripción, se genera otra circunstancia que, en opinión de los populares y de colectivos empresariales, obliga a defender la continuidad de la Diputación: Alicante es la provincia más grande de toda España que no tiene capitalidad de comunidad autónoma. Esa operación política supondría, por tanto, dejar a las comarcas alicantinas sin su gran referencia institucional como elemento de vertebración en la relación con el resto de la Comunidad. El presidente de la Diputación, César Sánchez, no se mordió la lengua a la hora de atacar el acuerdo entre el PSOE y C's. «No tiene sentido trasladar competencias de una institución saneada y eficaz como la Diputación a otra como la Generalitat con 40.000 millones de deuda», apuntó Sánchez obviando, en todo caso, que todo ese lastre del Consell corresponde a los veinte años de gestión del Partido Popular.
César Sánchez hurgó en la herida socialista -muy divididos con este asunto- y contrapuso esa fractura interna en las filas del PSOE con «el discurso único» del PP: «Creemos que las diputaciones son importantes». El dirigente alicantino, en plena batalla con el Consell por el decreto del turismo, se mostró partidario de «reformas y avances» en estas instituciones, pero reiteró su «carácter vertebrador: son los gobiernos de las provincias» y, además, alertó de un intento de generar ciudadanos de primera y segunda. «Nos quitan la Diputación pero dejan las forales en el Pais Vasco y los cabildos canarios», se quejó el dirigente alicantino.
