El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha regresado al lado oscuro de la política que nunca acabó de abandonar: el de las sospechas de corrupción. Cinco años después de ser declarado «no culpable» por un tribunal del jurado en el caso de los trajes Gürtel y sin haber conseguido levantar su imputación en el caso Valmor -la compra de la empresa de la Fórmula 1- Camps es señalado en un informe de la UCO de la Guardia Civil como «el recaudador» de dinero en B para financiar al PP valenciano y el nexo entre el partido en la Comunitat Valenciana y la caja de dinero negro de la formación en la calle Génova. La información avanzada ayer por la Cadena Ser en Madrid y corroborada por este periódico en fuentes de la investigación, sitúa al expresidente al frente del entramado de la recaudación del PP a través de mordidas en contratos públicos adjudicados en distintas administraciones, tanto en la Generalitat como en las diputaciones.

Los investigadores apuntan que el PP valenciano tendría al menos cinco cajas B recaudatorias y a ellas habrían ido a parar millones de euros. El expresidente de la Generalitat convocó ayer a los medios de comunicación para negar de forma contundente su implicación en cualquier trama de mordidas y denunciar que es víctima de una conspiración judicial y política para acabar con él como político y hasta personalmente. Según la información ofrecida por la Ser, tanto las grabaciones realizadas por Marcos Benavent como algunas declaraciones de testigos señalan a Francisco Camps y lo sitúan como «recaudador» del dinero negro valenciano a base de comisiones por contratos amañados a lo largo de los ocho años en los que estuvo al frente de la Generalitat, entre julio de 2003 y julio de 2011.

Vicepresidentes implicados

Este diario informó de que en la macrocausa que se instruye en el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia y que tiene ramificaciones en la diputación, la Generalitat, ayuntamientos y empresas públicas autonómicas y provinciales hay también una investigación abierta que implica a Gerardo Camps -exvicepresidente económico- sobre el presunto pago de comisiones a cuenta de las obras del complejo administrativo 9 d'Octubre, que alberga la sede de cinco consellerias.

Las obras se adjudicaron a una UTE en la que estaba Construcciones Luján -este empresario fue detenido en la Operación Taula- y costaron 108 millones, cuando se adjudicaron por menos de 92. Benavent señaló también en su declaración a Isidro Prieto, entonces jefe de gabinete de Gerardo Camps. Prieto está implicado en las pesquisas en marcha por las adjudicaciones en el área provincial de Carreteras. En las grabaciones que constan en el sumario se alude a «Gero» en conversaciones sobre la posible petición de comisiones, lo mismo que al también exvicepresidente Víctor Campos, a quien sitúan como recaudador de comisiones para Carlos Fabra, expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón.

Los investigadores a los que alude la citada emisora sospechan que Francisco Camps era el nexo con Génova 13 y advierten que el PP valenciano era «una organización criminal con cinco cajas b». Tres cajas b «transversales» en Valencia, y «al menos dos más en las provincias de Alicante y Castelló». Las grabaciones a los integrantes de la trama corroborarían la «transversalidad» de las tres cajas de Valencia.

Así, exaltos cargos investigados aparecen en las grabaciones de Marcos Benavent reclamando dinero en B de la caja regional para la provincial y viceversa, con el objetivo de lograr más efectivo para financiar actividades del Partido Popular. En Castellón sería Carlos Fabra el cabecilla de la red de recaudación mientras que en Alicante no se habría podido determinar la identidad de quien llevaba las riendas de las comisiones.

Las reacciones ayer no se hicieron esperar. El presidente Ximo Puig mostró su «hartazgo» y «tristeza» y pidió dimisiones en el PP «para que no se gangrene». «Me parece lamentable que continuemos saliendo en todos los medios de comunicación nacionales por estas cuestiones, pero lo peor no es que salgamos, sino que ha pasado», afirmó. El portavoz de Compromís, Fran Ferri, solicitó la comparecencia parlamentaria de Francisco Camps para que explique si piensa renunciar a su condición de miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC). «Más allá del caso Taula, estamos ante el gran caso PP, cosa que se vislumbró con Gürtel y se confirma ahora», dijo. Y, finalmente, el Síndic de Podemos, Antonio Montiel, instó también al expresidente Camps a asumir «responsabilidades políticas» y dimitir del Consell Jurídic Consultiu.