El Ejecutivo que preside Ximo Puig parece dispuesto a hincar el diente a una de las patatas calientes que heredó del Consell de Alberto Fabra: las plantillas del sector público empresarial y funcionarial de la Generalitat, la pata de la Administración más opaca que durante años fue un coladero de afines al Consell de turno. La nueva ley que prepara la Conselleria de Hacienda sienta las bases para llevar a cabo una operación limpieza en la relación de puestos de trabajo. Fuentes de Hacienda consultadas por este diario indicaron que la norma que ya cuenta con borrador ahonda en el proceso de adelgazamiento del sector público (se cerrarán más entes) y sancionará mecanismos de contratación pública bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad. También se recogerá la obligación de convocar ofertas de empleo público y criterios de transparencia que implican la publicación de las plantillas.
En realidad, buena parte de estos principios están ya en vigor desde la aprobación en octubre de 2011 del decreto ley del Consell de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público, una norma con la que se inició en la etapa de Fabra el proceso de adelgazamiento de las empresas. Ya entonces, es decir, hace un lustro, se estableció la obligación de publicar la relación de puestos de trabajo de cada una de las firmas públicas. El Consell popular, sin embargo, incumplió la ley y durante toda la legislatura de Fabra y evitó un trámite delicado.
La difusión de las plantillas no es una cuestión menor. Permitirá por primera vez conocer con detalle tanto el número de empleados adscritos a las empresa. Cabe recordar que el sector público empresarial sufrió de gigantismo durante los años de gobierno del PP y sirvió de acomodo a sus «enchufados».
