Frente a ese intento de Podemos de socavar la independencia de la Sindicatura, el organismo público -con frecuencias de auditoría mejores que el Tribunal de Cuentas de España- lleva meses solicitando una mejora de sus medios materiales para poder afrontar nuevos proyectos de control de las cuentas públicas. Pero a la vez también quiere impulsar cambios legales, a día de hoy pendientes y que son responsabilidad del parlamento, para tener más información de las adjudicaciones públicas que permita prevenir los casos de corrupción.
Algunas de estas peticiones se sustanciaron hace unos meses cuando el síndic major, Rafael Vicente Queralt; junto a los síndicos Antonio Mira-Perceval y Marcela Miró participaron en un acto de las Cortes Valencianas cuando se cumplían 30 años desde la creación del organismo. La Sindicatura quiere ampliar sus recursos humanos con expertos en investigación informática y medios materiales; o reformar la ley para que se le permita ampliar las fiscalizaciones e incluso tener la capacidad de imponer multas coercitivas.
Una de las modificaciones más importantes sería la posibilidad de acceder a datos de terceros que contratan con la administración. Eso permitiría que las fiscalizaciones tuvieran un mayor alcance.
La Sindicatura insiste en que la cuenta general de la Generalitat sea aprobada por su Consell y ratificada, en su caso, por el pleno de las Cortes, a la vista del informe de fiscalización de la Sindicatura, en lugar de votar este informe en sí mismo como ocurre actualmente. La propuesta de Podemos, en cualquier caso, tiene un objetivo: tener la capacidad de proponer un síndico a sus socios del «Pacte del Botànic» cuando se renueve la Sindicatura antes del verano. Grave conflicto a la vista.
