El síndic mayor de cuentas, Rafael Vicente Queralt, defendió ayer que la Sindicatura de Comptes ha colaborado con la justicia y «ha servido en muchos aspectos» para poner de manifiesto «determinadas actitudes» tras la actuación de la Fiscalía, y sin olvidar que su responsabilidad primaria es la fiscalización de las cuentas públicas. «Hemos cumplido con nuestro deber», subrayó.

Así se manifestó en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes, donde presentó los informes de fiscalización de la Sindicatura correspondientes a 2014 por última vez tras 14 años, dado que, según dijo, su mandato termina en mayo y espera que para entonces esté «todo resuelto» para que no se prolongue. «He cumplido una época de mi vida profesional; yo vine como interventor y como interventor estoy jubilado. Espero que en mayo me jubilen», indicó.

Durante su intervención desgranó los informes de fiscalización que abarcan las cuentas del sector público autonómico y local, y ante la pregunta de Compromís sobre la capacidad de actuación de la Sindicatura ante situaciones en las que pueda apreciarse responsabilidad contable, precisó que tiene identificados 30 procedimientos jurisdiccionales «de los cuales en 30 había dicho algo la Sindicatura» -en su «idioma y alcance», eso sí, puntualizó-, y en 24 de ellos se les ha solicitado un informe o su propia comparecencia.

Asimismo, también se refirió a la proposición de ley de Podemos para modificar la ley de la Sindicatura y apuntó que les gustaría «poder decir algo» al respecto y aprovecharla para introducir, por ejemplo, cuestiones como el refuerzo de su independencia, la obligación del cumplimiento de recomendaciones, multas coercitivas a los ayuntamientos que no rindan cuentas y la posibilidad de investigar contabilidades de terceros cuando reciban subvenciones públicas.

Rafael Vicente Queralt reconoció que los informes que presentan tienen un lenguaje «de auditor, críptico» y apuntó que «puede que haya que presentar un resumen ejecutivo más inteligible», aunque con las competencias que tiene la Sindicatura es difícil, reconoció su titular.

También advirtió el síndic de la necesidad de que se realice una actualización del inventario del inmovilizado de la administración, porque es «un problema grave» que no lo haya, al tiempo que lamentó que se va sin saber ya «qué hacer» ante el hecho de que no se consiga que el cien por cien de las corporaciones locales rindan cuentas.

Otro de los asuntos objeto de debate en la comisión fue la multa impuesta por la UE de 19 millones por ocultación de facturas sanitarias de la Generalitat. Al respecto, recordó que la Sindicatura advertía desde 1988 de facturas sin consignación presupuestaria e incidió en que Europa no dice que haya responsabilidad contable, sino «carencia de información».