El futuro de Barberá queda en manos de la mayoría absoluta del PP en el Senado

El pleno en votación secreta decidirá el suplicatorio del Supremo que abriría la investigación a la exalcaldesa

24.02.2016 | 19:47
El futuro de Barberá queda en manos de la mayoría absoluta del PP en el Senado

Los populares nunca se han opuesto a la petición pero creen que aún tardará meses.

El pasaporte para que el Tribunal Supremo investigue a Rita Barberá lo tienen sus propios compañeros de grupo en el Senado. El reglamento de la Cámara Alta recoge que la decisión sobre el suplicatorio tiene que aprobarla el pleno en votación secreta. Se da la circunstancia de que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado por lo que tiene en su mano la decisión.

Pero fuentes populares en el Cámara Alta creen que el partido no pondrá impedimento a que Barberá declare ante el Alto tribunal. Señalan que la causa aún no se ha abierto, pero explican que siempre que se ha solicitado un suplicatorio, el PP ha votado a favor y nunca se ha denegado. Y más cuando todo apunta a que existirá una exposición razonada por parte del juzgado 18 de Valencia para la investigación a Barberá, que tendrá que realizar el Supremo por su condición de aforada.

Sin embargo, las fuentes populares entienden que podrían pasar aún meses antes de que el Senado decida sobre el suplicatorio. El juzgado de Valencia ya ha preguntado al Senado por la situación de la exalcaldesa, aunque el Supremo es el que tiene la relación actualizada de los representantes de las dos cámaras legislativas.

Una vez el Supremo pida el suplicatorio a la Mesa ésta la pasará a la comisión de suplicatorios, que es la encargada de su tramitación y debate. Es entonces cuando se presentará la propuesta al pleno de la Cámara Alta, que, en votación secreta y nominal, decidirá si se acepta o no. Las fuentes consultadas están convencidas de que el pleno del Senado aceptará que se dé el suplicatorio y a Barberá no le quedará otra salida que acudir a declarar ante el Supremo.

El pleno se posicionará a favor
El hecho de que sea votación secreta y que se trate de un posible delito que trasciende el ámbito parlamentario hace que se dé casi por seguro que el pleno se posicionará a favor. «Si se trata de delitos comunes se aprueban siempre», señala un representante de la Mesa del Senado. El PP podría cerrar filas para defender a Barberá, pero no lo hará, aseguran las fuentes, que consideran que sería muy extraño porque no lo ha hecho nunca con anterioridad.

Lo lógico en este caso es que el partido dé libertad de voto a sus senadores, que la tendrían igual porque en el caso de los suplicatorios la votación es secreta. Además, en este caso, según apuntan, no se votará con el marcador electrónico, sino con un sistema de bolas negras y blancas que garantiza el secreto absoluto de la votación y que se ha usado en las últimas votaciones de este tipo, añaden.

El acta si sale investigada
En ese caso, la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, sitúa la línea roja. Si Barberá sale como investigada -imputada antes de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal- le exigiría que abandone el acta de senadora, aunque en la calle Quart aseguran que debe hacerlo Génova, en concreto el comité de Derechos y Garantías. En este punto, las relaciones con la senadora están rotas o «no son fluidas», en terminología de la dirección del PP.

Con todo, en las filas populares están convencidos de que Barberá no abandonará voluntariamente el acta porque significaría renunciar al aforamiento y que su investigación pase a un tribunal ordinario, lo que le obligaría a desfilar por la Ciudad de la Justicia, como los 49 asesores y concejales de su grupo en el Ayuntamiento de Valencia ya investigados por presunto blanqueo de capitales.

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia indaga desde hace meses sobre el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación hacia una supuesta financiación ilegal del PP.

La exalcaldesa y actual senadora del PP hizo público un comunicado el pasado 2 de febrero en el que afirmaba que ningún contrato del Ayuntamiento de Valencia «se ha amañado, ni ha habido ninguna mordida, ni desvío a financiación ilegal. Pero la investigación sigue y ayer dio un paso más hacia la imputación del Supremo.

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