La elección del punto justo sobre el que exigir el acta ante un presunto caso de corrupción corrupción lleva de cabeza a los partidos. En una semana, la lideresa de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha cambiado su línea rojay quienes hasta ahora reclamaban a su rival político más contundencia, PSPV y Compromís, se han visto obligados a trazar la suya.
Con la imagen pública por los suelos, mayoritariamente por los casos de corrupción que afectan desde hace años al PP -Carlos Fabra, Emarsa, Cooperación, Gürtel, Brugal, Castellano, Nóos o Imelsa- y en un momento en el que el nivel de exigencia es mayor, los dirigentes populares han tenido que reforzar el trazo de la línea, aunque la ubicación es difusa.
El artífice del concepto es el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que relevó a Francisco Camps en julio de 2011. Génova había situado la línea roja para el expresidente ante una inminente apertura de juicio oral tras meses imputado por el caso de los trajes, del que después sería declarado «no culpable». Pero Fabra encontró un partido carcomido, lo que le obligó a situar la línea roja en la imputación, es decir la llamada de un juez a declarar con asistencia letrada. Fue casi por necesidad y el expresidente reconoce que se quedó corto, que aún debió ser más exigente ante determinados comportamientos, pero que la dirección del PP en Madrid no se lo permitió.
Fabra encontró un grupo en las Corts con trece imputados por casos de corrupción que llegaron a convertirse en una verdadera amenaza interna ante la posibilidad de que prendiera una rebelión. Limpiar el grupo le llevó tres años. Además, durante ese tiempo una veintena larga de altos cargos de la Generalitat abandonó tras la imputación por posibles casos de corrupción.
Pero Fabra encontró dos grandes enemigos a la aplicación de su línea roja: Alfonso Rus y Rita Barberá, el primero detenido en la «operación Taula» y en libertad bajo fianza y la segunda, senadora y aforada, y con todo su equipo en el Ayuntamiento de Valencia investigado por presunto blanqueo de capitales. Rus ninguneó la línea roja de Fabra y en defensa de su amigo el exconseller Rafael Blasco fijó su propia línea en la condena. El que fue último defensor de Blasco también se opuso a la expulsión0 de la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez. Hoy Blasco cumple condena y Martínez se sienta en el banquillo. Con ella la línea roja resultó especialmente difusa, ya que valió a su partido para exigirle el acta de diputada y mantenerla en la alcaldía.
Con Barberá, el enfrentamiento por la línea roja también tuvo episodios de altísima tensión cuando Fabra pidió abiertamente la dimisión del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, pendiente entonces de juicio por la contratación irregular de Iñaki Urdangarin. La alcaldesa, que en aquel tiempo aún no había roto con Grau, también despreció la línea de Alberto Fabra. Justo esta semana, el exvicealcalde señalaba a Barberá como promotora de los contratos con el cuñado del Rey.
Un amplio abanico
Pero entre la línea roja que se autoimpuso el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que dejó sus cargos institucionales cuando quiso, con la condena ya a la vista y tras obviar durante años las presiones de su partido, y la decisión de PSPV y Compromís de apartar esta semana cautelarmente a sus cargos en la Diputación de Valencia que han sido llamados a declarar por la Guardia Civil el abanico de ejemplos de línea roja es inabarcable.
Así, las direcciones nacionales de PSOE y PP llegaron a un acuerdo para fijar la línea roja en la apertura de juicio oral y no con motivo de una imputación ya que se considera que ésta sólo supone una garantía procesal. Esa semana, la que aplica Isabel Bonig sufrió un cambio. El lunes aseguró que los miembros de su partido en el Ayuntamiento de Valencia investigados serían expulsados si el juez los mantenía imputados tras declarar. Un día después se plegaba a los concejales y situaba la línea roja en el levantamiento del secreto de sumario, lo que le permitía ganar tiempo en la crisis que vive el PP en la capital.
La vicepresidenta y lideresa de Compromís, Mónica Oltra, ha situado en la imputación judicial la línea roja para los cargos de Compromís de la Diputación de Valencia citados a declarar por la Guardia Civil, igual que el PSPV. Con todo, Oltra dice que lo relevante es «cuando alguien deja de poder explicar la causa de la imputación, sobre ese punto está la línea roja». «Pero de apartarlos en menos de tres horas -en el caso de su formación- al «'Luis sé fuerte' de Rajoy a Barcenas», hay un abismo», remarca Oltra.
