En la macrocausa judicial que investiga la presunta trama de mordidas para bolsillos particulares y para el PP a cuenta de adjudicaciones públicas, hay varias investigaciones paralelas. Una de ellas, de la que informó este diario el pasado 6 de febrero, tiene que ver con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la empresa pública provincial Imelsa. La investigación se centra en dilucidar si se han cometido delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en el enchufe de cientos de empleados en Imelsa -la gran mayoría en las brigadas forestales-, además de en la existencia de trabajadores que cobraban de esa empresa pero trabajaban en otros destinos.
Una tercera categoría de irregulares la conforman los llamados zombis, aquellos que cobraban la nómina sin tener lugar de trabajo definido. Las pesquisas de la UCO de la Guardia Civil por las que han citado como investigados -antes llamados imputados- a varios políticos de izquierdas abarcan todas esas categorías de presuntas ilegalidades. Y además pretenden dirimir si los asesores del consejo de administración de Imelsa desarrollaban su labor en funciones distintas a las estipuladas en el contrato y por las que percibían el salario estipulado.
En concreto, sospechan que varios asesores tenían su lugar habitual de trabajo en las sedes de los partidos. Una práctica casi institucionalizada durante estos años pero que no se compadece con la ley. El exgerente de Imelsa Marcos Benavent es quien puso a los investigadores sobre la pista del abuso de los enchufes en la empresa pública y la existencia de zombis, prácticas de las que se beneficiaban todos los partidos políticos, según indicaron fuentes de la investigación.
Imputación provisional
Según explicaron a este diario desde la diputación, agentes de la UCO han solicitado a la institución provincial los contratos de todos los asesores. En las declaraciones del próximo martes y miércoles en el cuartel de la Guardia Civil de Patraix, los diputados que irán a testificar exportavoces y antiguos consejeros de Imelsa serán interrogados por este último extremo. Como contó ayer este diario, irán a declarar los exportavoces en la oposición José Manuel Orengo y Toni Gaspar, por el PSPV, además de Emili Altur, de Compromís, y Rosa Pérez, de Esquerra Unida. También pasarán por el cuartel de Patraix el exdiputado socialista Raúl Pardos -alcalde de Gestalgar-, Emili Mira, de Compromís, y sindicalistas de UGT y CC OO.
Tanto el socialista Toni Gaspar como Emili Mira (de Compromís) aseguraron ayer que todavía no habían recibido la llamada de la UCO para comunicarles la citación. Una vez presten declaración, el juez deberá decidir posteriormente si mantiene la condición de investigados a estos políticos en el caso de que pasen a disposición judicial. Aunque suele práctica habitual que el juez ratifique la condición en la que declaran ante la Guardia Civil o la Fiscalía, en este caso algunos políticos podrían salir sin el estatus de investigados. La implicación de Raúl Pardos está relacionada con la contratación de asesores adscritos a Imelsa cuando era portavoz adjunto del grupo en la pasada legislatura. Todos los portavoces avalaron con su firma la exigencia del último gerente de Imelsa con el Partido Popular, Rafael Soler, de que los asesores del consejo de administración estaban realizando su labor en la diputación. Soler pidió, en definitiva, que cada portavoz político respondiera de sus asesores. Y así actuaron todos.
Reconocer que quienes cobraban de la empresa pública prestaban su servicio fuera del ámbito de Imelsa podría acarrearles problemas, según las citadas fuentes, si bien en el caso de que el asesor en cuestión esté adscrito a un consejero de la empresa pública caso de Rosa Pérez la situación tendría mejor encaje legal. Al margen del lugar físico que ocupara el empleado de Imelsa, su labor se vincularía al miembro del consejo de administración.
