El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, admitió ayer en el juicio del caso Nóos que fue la exalcaldesa Rita Barberá la que habló con Iñaki Urdangarin sobre las Valencia Summit, vio que «pintaban bien» y le pidió al Duque de Palma que presentara una propuesta a la FundaciónTurismo Valencia Convention Bureau, al frente de la cual estaba el propio Grau. Tal afirmación ha sido interpretada como un cambio de versión del exvicealcalde respeto a Barberá, cuya relación, muy cercana durante 20 años, se ha visto empañada en apenas unos meses tras verse forzado a dimitir por este caso y luego ver a su esposa, María José Alcón, apartada también de la lista del PP por su implicación en el caso Imelsa.
Alfonso Grau se enfrenta a 11 años de prisión por la supuesta comisión de cuatro delitos -prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias- al contratar con el Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarín, la organización de tres ediciones de la Valencia Summit, un congreso de promoción deportiva por el que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, presidia por Grau, y la Ciudad de las Artes y las Ciencias -hay otros cuatro acusados vinculados a esta institución de la Generalitat Valenciana- pagaron 3,5 millones de euros.
Desde el primer momento, Grau ha defendido su inocencia asegurando que Turismo Valencia es una institución privada no sometida a la Ley de Contratos del Estado, por lo que no habría delito. Y siempre negó también la participación de Rita Barberá en esos contratos pese a la supuesta reunión de Iñaki Urdangarin con la exalcaldesa y con Francisco Camps en la Zarzuela. Sobre ese asunto siempre dijo que había sido una propuesta que le habían hecho directamente a la fundación.
Pero desde esas declaraciones hasta el día de hoy su relación con Rita Barberá ha cambiado mucho, es de distanciamiento total, primero porque se vio forzado a dimitir por esta causa en marzo de 2015 y luego porque al destaparse el caso Imelsa, su mujer, María José Alcón, exconcejala también de Valencia, fue retirada de la lista electoral y expulsada del partido.
Así pues, ayer se esperaba que mantuviera su tesis de los contratos pero dijera algo más de su antigua jefa, como así fue. Aunque al letrado del Grupo Socialista, que ejerce la acusación popular, le espetó un «Rita no me dijo nada», cuando el fiscal Pedro Horrach le formuló la misma pregunta en su turno de intervención, Grau explicó que recibió la propuesta de Nóos y que al consultarla con Rita Barberá ésta le dijo: «¿Ah si? Hace unas semanas (Urdangarin) estuvo conmigo y al comentármelo le dije que pintaba bien y que presentase la propuesta en la fundación».
Grau aseguró que fue en las reuniones del Consorcio de la Copa del América donde oyó hablar por primera vez de este proyecto y reiteró que fue él quien le preguntó a la alcaldesa tras recibir la propuesta del Instituto Nóos.
A partir de ahí, continuó Grau, la entidad que él presidía le dio el visto bueno porque el Duque de Palma, yerno del rey, «daba fiabilidad de que todo podía salir adelante». «Era deportista olímpico de reconocido prestigio, tenía una estrecha relación con Juan Antonio Samaranch y estaba dentro de la Familia Real, lo que avalaba, como así fue, el éxito del proyecto», explicó.
Es más, recordó que se celebraron tres ediciones en 2004, 2005 y 2006 y que no se hizo la de 2007 porque ya se había celebrado la Copa del América y porque Urdangarín había salido del Instituto Nóos a petición de la Casa Real.
Contratación privada
En cuanto a la contratación en sí misma, el exvicealcalde aseguró que el patronato de la fundación lo aprobó por unanimidad y que luego lo pasó a la gerencia para que decidiera la fórmula de contratación. «No puedo aceptar que se diga que la impuse», explicó Grau, quien defendió la fórmula utilizada, que es la que se utiliza en «derecho privado». «Me sorprende que se ponga en cuestión este tema», dijo.
Grau recordó que la fundación, creada en 1990, «no estaba exactamente sostenida por fondos públicos», aunque admitió que «algunos años» los fondos municipales eran mayoritarios, como reseñó el Tribunal de Cuentas al dictaminar que los fondos públicos superaban el 80% y que, por tanto, se trataba de una entidad pública.
Tampoco cree que el precio pagado -450.000 euros por edición- fuera excesivo. De hecho, «se debatió y pareció razonable», además de que «se compaginaba absolutamente con los fines de la fundación».
