El pleno de las Cortes acordó ayer emplazar al Consell a eliminar la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) y a acometer un cambio del actual modelo de gestión urbanística, de manera que la gestión pase a ser la norma general y se establezcan más controles para la gestión indirecta. La herramienta del ATE fue la que dio pie al polémico plan urbanístico de Rabasa en Alicante, tumbado finalmente por el Tribunal Supremo en 2013 tras una larga polémica política y judicial desde su aprobación por el Ayuntamiento en abril de 2005 con una previsión inicial de 13.500 viviendas sobre una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados.
La iniciativa parlamentaria partió de una propuesta conjunta de Ciudadanos y Podemos, aunque finalmente se consensuó una redacción entre estos dos grupos y el PSPV y Compromís, mientras que el PP ha votado en contra después de que no se aceptara la enmienda que planteaba.
El texto aprobado insta también al Consell a aplicar un programa de medidas para reconvertir el sector de la construcción en la Comunidad, fomentando la rehabilitación y la eficiencia energética, y fijar en la legislación un plazo máximo para que los Planes Generales Estratégicos cumplan sus previsiones.
También se pide un cambio en la legislación, para que los expedientes de disciplina urbanística estén supervisados por funcionarios públicos y se garantice la efectiva persecución de los infractores, y que el Consell inste al Gobierno central a exigir a la Sareb (el «banco malo») condiciones asumibles por la Generalitat para destinar a vivienda social las casas vacías.
El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, manifestó que es necesaria una revisión «en profundidad» del modelo urbanístico que generó el PP, para ir a uno «alternativo, sostenible, viable y reparador», con el que intentar paliar los daños causados por un modelo del que hay que hacer «una pesada digestión».
