El Partido Popular y los nueve concejales del Ayuntamiento de Valencia «investigados» dentro de la trama de los 1.000 euros han llegado a un acuerdo para que la entrega de las actas se produzca cuando se levante el secreto del sumario y haya un «auto judicial que contenga la condición de investigados». La Dirección Regional, encabezada por Isabel Bonig, se ha plegado a sus exigencias iniciales, aunque como contrapartida ha conseguido un compromiso de los ediles para entregar las actas voluntariamente si se mantiene la acusación.
El acuerdo se produjo en una reunión de los concejales de Valencia -todos excepto Eusebio Monzó, que no está acusado y que a partir de ahora será el nuevo portavoz municipal- con la presidenta regional, Isabel Bonig, y la secretaria general, Eva Ortiz. A esa reunión se llegaba con Bonig habiendo anunciado reiteradamente que les reclamaría el acta de concejal nada más terminar los interrogatorios y los concejales negándose a entregar sus actas al menos hasta el levantamiento del secreto sumarial. Para hacer valer su postura, los 9 ediles se presentaron unidos y dispuestos a seguir en sus puestos si eran expulsados esta misma semana. Estaban decididos a conservar su acta y pasarse al grupo de los no adscritos, de manera que el Grupo Popular se quedaría con un único concejal, Eusebio Monzó. A su favor también jugó el hecho de que se clarifique el levantamiento del secreto de sumario, que se ha prorrogado por ahora hasta el 14 de marzo. «No se puede actuar sin conocer a acusación», dijeron fuentes consultadas por este periódico, que recuerdan que «esperar un mes no es tanto tiempo».
Y, por último, se ha abierto una pieza separada del caso Imelsa, lo que atenúa su implicación y aumenta las posibilidades de absolución, opinan. Por su parte, Bonig presionó a los concejales haciendo de correa de transmisión entre la dirección nacional y los munícipes. «El partido es el partido», les lanzó. Comprende que éste no es un caso de corrupción «al uso», pero que la imagen del PP era importante en este momento.
Acuerdo para todos
Al final, se aceptó la petición de los concejales y Bonig les arrancó el compromiso de irse voluntariamente si se confirma su imputación, un tema en absoluto menor si se tiene en cuenta su idea de resistir y dejar al PP prácticamente sin representación en el Ayuntamiento de Valencia. «Es una cuestión de justicia esperar a que se levante el secreto de sumario para ver qué se les achaca y qué pruebas hay», dijo Bonig, que insistió en que los concejales se comprometen a irse si siguen investigados. «Ese es el compromiso, y me parece justo, para que nadie pueda decir que se ha vulnerado ningún derecho», añadió la dirigente popular, partidaria de una decisión que tenga peso político pero también encaje jurídico.
Los propios concejales valencianos emitieron un comunicado, consensuado con la dirección del partido, en el que, «en consonancia con las declaraciones realizadas por Bonig», afirman: «En el momento que se constate un auto judicial que contenga la condición de investigados, los concejales populares dejarán el acta en los términos consensuados con la dirección del PPCV en función de la situación jurídica de cada uno y en coordinación con la citada dirección regional».
