César Sánchez encuentra otro aliado socialista en su batalla con el Consell. El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, abrió ayer una brecha, otra más, con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y se mostró contrario a los decretos que el ejecutivo autonómico prevé aprobar este viernes y que suponen, en la práctica, intervenir los presupuestos de las diputaciones en materia de promoción turística y deportes. Echávarri no dudó en esconder que las relaciones con el líder del PSPV están más que deterioradas, aunque para ello lance un cable al presidente popular de la Diputación, con quien se reunió ayer en el consistorio para abordar diversos proyectos. «Soy un firme defensor de la soberanía», afirmó el alcalde para rechazar de plano la injerencia de la Generalitat en las cuentas de la institución provincial. El primer edil, que recordó que defiende en el seno del PSOE la supresión de las diputaciones, dejó claro que, «mientras existan, respeto a la soberanía».

Echávarri explicó que antes de su reunión con Sánchez había hablado con el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, quien le había reconocido que los decretos «estaban generando una alarma». No obstante, incidió en que hay un consejo en el que se debaten las cuestiones «y en el que se van a alcanzar los consensos y llegar a acuerdos y yo apuesto siempre por el diálogo». Es el segundo dirigente socialista, después de David Cerdán, que ataca a la Generalitat por su decisión con las diputaciones.

César Sánchez, por su parte, resaltó que va a mantener contactos con el Consell para solicitarle que derogue el decreto, ya que tiene que ser sometido a una mesa de dialogo y consenso. «Que no se precipite, estamos abiertos a hablar y nos podemos entender, pero no de esta manera, mediante un decreto en el que no nos han dado la opción de opinar y que ha puesto al sector en una posición sensible», incidió. El dirigente del PP recordó que los servicios jurídicos están estudiando si el decreto es legal, pero tendió la mano a Puig e hizo un llamamiento al sentido común: «Han sido muchos esfuerzos, sacrificios, una apuesta económica y de capital humano durante décadas para posicionar la marca Costa Blanca en todo el mundo, por lo que entendemos que el decreto, antes de aprobarse, debe ser sometido a una mesa de acuerdo y consenso».

Mientras, la confederación que agrupa a las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Alicante, Cepyme, se puso de parte de la Diputación y tachó de «expropiación» de competencias el decreto que prepara la Generalitat Valenciana. En un comunicado, Cepyme denunció que la «expropiación» de la institución provincial «no es el mejor sistema» para la integración de la provincia en la Comunidad Valenciana.