El empresario de los aviones antiincendios, Vicente Huerta, aseguraba tras ser detenido y quedar en libertad en la «Operación Hispaniolus», abierta por el presunto amaño de contratos y pago de regalos y mordidas, que «no me hacía falta invitar a Serafín Castellano a cacerías ni hacerle regalos, porque era el único licitador». Huerta no tenía competencia porque, como investiga la Fiscalía Anticorrupción, se repartía el mercado de la extinción de incendios en España junto a otras empresas. Pero cuidaba las formas.
Cada año por Navidad, su empresa Avialsa T-35 SL regaba con regalos a los responsables de la extinción de incendios en Conselleria de Gobernación y la Generalitat de Cataluña, el Icona, la dirección general de Aviación Civil en Madrid y hasta la Guardia Civil, según la «Lista de regalos Navidad 2010» por 10.375 euros, incluida en el sumario judicial. Entre los agasajados se encontraban Castellano, su jefe de gabinete y su secretaria, la directora general de Emergencias Irene Rodríguez o la subsecretaria Juana María Forés, que recibían una caja navideña.
