14 de febrero de 2016
14.02.2016
Financiación bajo sospecha

El lado oscuro del dinero de los partidos

Las operaciones policiales y judiciales que afectan al PP evidencian la falta de controles

16.02.2016 | 01:33

La ley de financiación de partidos sigue ofreciendo dudas pese a las constantes reformas para endurecer su articulado. Las operaciones policiales y judiciales de las últimas semanas han aflorado la existencia de tramas de cobros ilegales y blanqueo ligadas al PP.

«Ustedes, como Armstrong, acudieron dopados a todas las elecciones. Devuelvan también los títulos o por lo menos pidan perdón», clamaba el jueves desde la tribuna de las Cortes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una airada respuesta a la lideresa del PP valenciano, Isabel Bonig.

La financiación de los partidos políticos atrae de nuevo el foco mediático después de que la Fiscalía Anticorrupción implicara a todo el PP de la ciudad de Valencia en una trama de cobros ilegales y blanqueo de capitales, que cerca también a quien durante 24 años fue el mito de la imbatibilidad electoral, la exalcaldesa Rita Barberá.

Veinticinco años y tres modificaciones después, la ley de financiación de partidos políticos, que busca asegurar la limpieza del juego electoral, sigue teniendo importantes grietas por las que no dejan de colarse irregularidades a juzgar por las actuaciones policiales y judiciales. La ley obliga a los partidos a desarrollar un sistema de control interno, prohíbe donaciones anónimas, de empresas privadas que trabajen para la Administración o condonación de créditos bancarios y sólo admite las de personas físicas e identificables hasta 100.000 euros. Pero el campo de la sospecha lo ha abonado aún más la operación Taula.

La fiscalización externa corresponde al Tribunal de Cuentas, cuyo funcionamiento también ofrece dudas. Ni vio irregularidades en los años de la Filesa socialista o el Naseiro popular ni las ha visto tampoco en los tiempos de Gürtel, Bárcenas, Púnica o Taula.

INFORMACIÓN ha preguntado a los cinco partidos con representación en las Cortes –PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos– por la financiación de sus respectivas formaciones. Todo legal y fiscalizado, aseguran.

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Cuotas de afiliados, subvenciones que reciben de la Administración por sus resultados electorales, donaciones, campañas de crowdfunding o porcentajes del sueldo de los cargos públicos son las vías de financiación, subrayan. Todas legales. De las ilegales tratan de tirar del hilo la Fiscalía Anticorrupción y los jueces en varios procedimientos que en la Comunitat Valenciana afectan al PP tanto en el ámbito autonómico como local.

Aproximadamente el 80% del dinero que ingresan los partidos políticos proviene de subvenciones electorales, reguladas  por la Ley de Régimen Electoral General y sus correspondientes en cada comunidad autónoma, en función del número de escaños y votos obtenidos. Con las cuotas de los afiliados no es posible sostener un partido, señalan las fuentes de las formaciones consultadas.

Mientras, la cultura de donativos de empresas por la vía legal está poco cultivada, al contrario de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos, donde un candidato sin apoyos económicos tiene prácticamente imposible resultar elegido. A este lado del Atlántico, los partidos tienen limitado aceptar donaciones de más de cien mil euros, remarca la ley, y están prohibidas las procedentes de organismos, entidades o empresas públicas o de privadas que realicen servicios para la administración.

Precisamente esa vía de adjudicación de contratos a empresas que presuntamente financiaban actos del partido ha llevado a la cúpula del PP en tiempos de Francisco Camps ante los jueces. Pero realmente la financiación del PP valenciano está en cuestión desde hace casi una década.

El PP de Camps, bajo sospecha
Todo el núcleo duro del expresidente Camps está bajo sospecha en una pieza separada de la trama Gürtel. Para el exvicepresidente Vicente Rambla; el exsecretario general Ricardo Costa y el exvicesecretario David Serra, también detenido en la operación Taula, la fiscalía pide penas de cárcel por la financiación del partido en las campañas electorales de 2007 y 2008. Actos que habrían pagado empresas que recibían adjudicaciones públicas, uno de los supuestos prohibidos por la ley.

Ahora, a raíz del estallido del caso Imelsa y sus ramificaciones en el Ayuntamiento de Valencia se investiga también la supuesta financiación ilegal del PP en la ciudad, que podría afectar a las campañas electorales de Rita Barberá. El juez ha imputado a la cúpula del PP de Valencia, que reconoce aportaciones de mil euros que testigos admiten que se les devolvía posteriormente en metálico. Para el diputado autonómico y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez, no era más que un acto «de generosidad», según dijo esta semana en las Cortes. «Yo sé que no he hecho nada, no he robado, al revés, ha sido un acto de generosidad dar dinero que hacía falta y hubiera dado lo que me hubieran pedido y tiene su gracia que después de 24 años trabajando en un ayuntamiento estemos hablando aquí por hacer un donativo de 1.000 euros», aseguró Domínguez que llegó a admitir también que las donaciones eran habituales.

Ese mismo día por la tarde, la Guardia Civil se personaba en la sede del partido en la calle Génova para buscar pruebas sobre posible financiación ilegal, en este caso en relación con la trama Púnica en un partido, el PP, que ya tiene investigados –antes imputados– a todos sus tesoreros, cinco.

Ruina por denunciar
«Si hay algún partido que no esté arruinado sospecha de él», responde el secretario de Organización del PSPV, Alfred Boix, cuando se le pregunta por la financiación. Boix asegura que su partido se ha arruinado luchando contra la corrupción. Boix explica que su partido se ha gastado en torno a un millón de euros en los 15 juicios en los que se ha personado para denunciar casos sospechosos vinculados el PP y que ese dinero nadie se lo va a devolver, lamenta. Además, Boix señala que las subvenciones a partidos políticos cayeron considerablemente desde 2007. «Como al PP no le hacía falta porque iba sobrado como la Udef al resto nos ahogaba», asegura. Es la doble factura de la corrupción.

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