Las concentraciones que las Marchas de la Dignidad convocaron ayer contra la corrupción y en rechazo a los casos que afectan especialmente al PP no fueron precisamente el reflejo de un presumible hartazgo social. Apenas 350 personas acudieron en total a los actos de protesta programados en Alicante, Elche, Benidorm y El Campello, en los que se denunciaron los episodios que se han venido conociendo recientemente en la Comunidad Valenciana y se pidió la ilegalización del PP por considerar que ha actuado como «una organización criminal» en los presuntos casos de corrupción.
La protesta con un mayor seguimiento, pero muy exiguo en cualquier caso, fue la de Alicante, donde unas 150 personas se congregaron en la plaza de la Montañeta. Ni siquiera la presencia de partidos como EU y Podemos, ni de entidades sociales como la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia fue suficiente como para lograr que la movilización fuera más numerosa. Unas 100 acudieron a la Plaça de Baix de Elche, mientras que apenas 50 se manifestaron ante la sede del PP en Benidorm y el Ayuntamiento de El Campello. En todas las concentraciones se incidió en que la corrupción, sobre todo en el PP -se le citó especialmente pero también se aludió a partidos como el PSOE y CiU-, «no son casos aislados», sino que está «enraizada en el sistema». En este sentido, se denunciaron las «redes clientelares y caciquiles» y la «bacanal de lujo y despilfarro» que, a su juicio, practicó el PP mientras estuvo en la Generalitat.
