La declaración de la renta de los cabecillas de la trama de Avialsa salió a devolver varios años

Taroncher, su esposa o Máñez ingresaron comisiones mientras la declaración salía negativa

16.02.2016 | 01:33

Antes de que la letrada del Estado Dolores Ripoll avisara durante una comparecencia en el caso Nóos de que aquello de «Hacienda somos todos» solamente es un lema publicitario, en el caso Castellano ya había unos cuantos que actuaban en consecuencia. Es una de las conclusiones que resulta de revisar las fechas de las mordidas, del manejo de dinero negro en negocios urbanísticos y de transferencias a paraísos fiscales y cotejarlas con las declaraciones de la renta presentadas por protagonistas de la trama. La red de sobornos y de comisiones en la concesión de contratos de extinción aérea de incendios a la empresa Avialsa T35, de obras al constructor José Miguel Pérez Taroncher y de planes urbanísticos a otros empresarios y cargos públicos próximos a Serafín Castellano tenía en el empresario Emilio Máñez a una «pieza esencial». No sólo en organizar la intendencia de las cacerías con las que Vicente Huerta compraba el favor del conseller que le adjudicó 45,3 millones. Máñez era, sobre todo, «el conseguidor».

Una de las mordidas cobradas, según acredita la UDEF, alcanzó los 450.000 euros por haber mediado para facilitar el negocio de Huerta en el PAI Nova Alfara, así como el pase de la condición de agente urbanizador a Prodaemi. En 2010, la Agencia Tributaria devolvió 2.221 euros a Máñez, a quien la declaración le salió negativa. La UDEF ha revisado los siete ejercicios fiscales en los que Castellano estuvo al frente de Gobernación, período en el que la presunta trama floreció. Esos años, a Emilio Máñez la renta le salió cuatro veces negativa. Le devolvieron 3.245 euros en 2011; 2.495 en 2012 y 5.181 en 2013. El cómputo global presenta 824 euros a devolver. Máñez trabajó en Imelsa en 2007 y registró algunos ingresos de Avialsa T35 en los dos años siguientes, por 10.355 euros. Era de la máxima cofianza de Huerta, que le regaló un Jeep Wrangler.

La comisión referida no es el único manejo de dinero que para la policía tiene origen ilícito. Así, en 2007 desembolsó 90.000 euros considerados «opacos» por la investigación y 40.500 «en efectivo metálico» en la compra de una vivienda de 201 metros en Sagunt a la constructora Jedoman, favorecida en un PAI en Quartell, donde Máñez era presidente del PP y concejal. El alcalde, Francisco Huguet, empleado de Avialsa y mano derecha de Castellano, aportó otros 90.000 euros tan «opacos» como los de su amigo. Huguet estaba autorizado para mover el dinero en 68 cuentas del conglomerado de Avialsa.

La vida económica de protagonistas de la causa fue fértil. En A y en B. Es el caso de José Miguel Pérez Taroncher, constructor de cabecera de Castellano, quien le adjudicó a dedo y con su firma dos millones en obras desde que lo introdujo en la Generalitat en 2000 por la puerta de Sanidad. Otros consellers le concedieron al menos otros cinco millones. A través de la patrimonial Jopeta Patrimonios, Taroncher hizo una transferencia de dos millones a una cuenta de Luxemburgo. Mientras evadía esas divisas, según la UDEF, presentaba una declaración de la renta en la que le salían 562 euros a devolver. Al año siguiente, de nuevo salió negativa en 593. El cómputo de las declaraciones presentadas por este constructor es positivo en 1.042 euros. Jopeta Patrimonios se creó en 2006 con un capital social de 900.000 euros, «depositados en una cuenta de Banesto cuya existencia no ha sido posible confirmar en la Agencia Tributaria». El juez subraya que el volumen de dinero aportado a la patrimonial «no guarda correlación con los ingresos legales atribuibles a Pérez Taroncher»

Ampliación de capital opaca
En 2011, al constructor le salió a pagar 492 euros a la Agencia Tributaria por el IRPF. Ese año compareció con su esposa Mª Ángeles González y sus hijos Daniel y Vanesa en la notaría para escriturar una ampliación de capital de Construccones Taroncher y Asociados.

El padre aportó 239.200 euros, y otro tanto su hijo Daniel. La hija, Vanesa, 156.000 y la madre, 15.436. La policía quedó estupefacta dado que el matrimonio declaró ingresos conjuntos de 35.123 euros. «Con ese capital parece imposible que tuviera disponibilidad de afrontar el pago de esos 239.200 euros...», advierte la UDEF, que subraya que en ese ejercicio «no hay ninguna compraventa (...), ni él ni sus hijos, aparejada a préstamo hipotecario para lograr ese capital». Hacienda devolvió a Mari Ángeles González 139 euros ese 2011, cuando se hizo la aportación más que sospechosa.

La esposa de Taroncher y la pareja Castellano-Rioja compraron (al 50% cada parte) una finca rústica de 26.264 metros cuadrados en Llíria, el 25 de abril de 2008, por 130.392 euros a través de la sociedad L'Alqueria Vella. Antes ya había adquirido en la misma partida otra rústica de 7.919 metros por 78.131 euros. Firmaron un préstamo de 82.600 euros en el Banco Popular.

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