Más margen de maniobra... pero a costa de aumentar la deuda. El Consejo de Ministros autorizó ayer a la Comunidad Valenciana a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 2.417 millones de euros con el objetivo de cubrir necesidades transitorias de tesorería. Es decir, por problemas de liquidez. Estas operaciones sólo podrán formalizarse hasta el 31 de diciembre de este año, deberán respetar el principio de prudencia financiera y no podrán suponer incumplimiento del objetivo de deuda, fijado para la Comunidad este ejercicio en el 38,2% de su Producto Interior Bruto (PIB).
A diferencia de años atrás, cada vez que la Generalitat quiere recurrir ahora al crédito necesita llamar antes a la puerta del Gobierno central. Y es que la necesidad de esta autorización del Consejo de Ministros deriva de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012. Esa norma establece que todas las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad de deuda pública o de la regla de gasto, precisarán de autorización del Estado mientras persista el incumplimiento.
Y la Comunidad Valenciana ha incumplió en 2014 el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, por lo que además debe presentar un plan económico-financiero que permita el cumplimiento del objetivo en el año en curso y el siguiente.
El Consell de izquierdas, capitaneado por el socialista Ximo Puig, ya ha anunciado que n0 aplicará más tijeretazos en sus cuentas y ha reiterado que el problema de la Comunidad no es de gastos, sino de ingresos. Sobre todo, del modelo de financiación autonómica, que priva a las arcas del Consell de recibir una media de 1.000 millones anuales. Con la operación que autorizó ayer Madrid, el endeudamiento de la Generalitat volverá a incrementarse. Y eso que ya rebasa los 40.000 millones de euros.
