12 de febrero de 2016
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Los ediles del PP de Valencia afianzan su idea de «resistencia» y se sienten agraviados

La actitud del partido y la sensación de que son víctimas de una venganza «radicalizan» su posición

12.02.2016 | 04:16

A medida que pasan los días los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia «investigados» por la trama de los 1.000 euros están más convencidos de que están siendo víctimas de una venganza personal y que el partido los está tratando con mayor rigor de lo que lo ha hecho con otros dirigentes, por lo que se sienten agraviados y cada vez más decididos a no entregar las actas. Aunque aún queda una semana de declaraciones en la que tendrán que comparecer ante el juez la concejala María Jesús Puchalt y los exconcejales Ramón Isidro Sanchis y Emilio del Toro, en el Grupo Popular ya suponen que todos ellos terminarán con la marca de «investigados». Y aunque el sumario permanece secreto, saben también quienes están siendo los acusadores y por qué.

Se trata de lo que ellos llaman el entorno de Alfonso Grau, el vicealcalde que tuvo que dimitir tras su imputación en el caso Nóos sin esperar a una sentencia final como por ejemplo se permitió a Jorge Bellver en el caso Monforte, en el que salió absuelto. Han sido algunos de sus asesores los que han declarado que se negaron a coger los mil euros porque entendía que recuperarlos luego en billetes de 500 euros «era blanqueo claramente».

Y ha sido su esposa, María José Alcón, «relegada» en la lista electoral al puesto 16 y luego detenida en el caso Imelsa, la que ha declarado haber recibido una propuesta de Carmen García Fuster, secretaria del grupo detenida en esa misma operación, para coger dos billetes de 500 euros e ingresarlos en la cuenta del PP como dinero legal.

Para los concejales «investigados» en esa causa no hay duda de que todo esto ha sido una venganza. «Le han querido dar a Rita Barberá una patada en nuestros traseros», aseguran las fuentes. No obstante, tienen confianza en la Justicia y creen que al final, de los cincuenta investigados pueden ir al banquillo media docena, los que tenían responsabilidad en las cuentas. Porque para los demás no hay pruebas, dicen las fuentes. El testimonio de Alcón, después de las grabaciones de Imelsa, no tiene credibilidad y las fechas no coinciden con todo esto. Y de los asesores recuerdan que pueden hablar de lo que les pasó a ellos, pero no de los demás, lo que significa que no valdría de prueba para otros acusados.

Más les preocupa su situación en el partido. Nada más ser citados como investigados fueron suspendidos de militancia y se anunció que si se confirmaba la imputación serían expulsados. Sin embargo, están viendo casos como el de la alcaldesa de Jerez e incluso la actitud con la exalcaldesa Rita Barberá, que les hace pensar que son medidos con distintas varas de medir.

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