César Sánchez llevará al juzgado al Consell si recorta las competencias provinciales

Asegura que la iniciativa de Puig supondrá «tirar por la borda» toda la inversión promocional en la Costa Blanca

13.02.2016 | 01:46

La Diputación de Alicante anunció ayer que llevará a los tribunales al Gobierno de Puig si el pleno del Consell aprueba finalmente el decreto que recortará las competencias de las instituciones provinciales en turismo y grandes eventos y que además tomará el control presupuestario de las arcas provinciales. La hoja de ruta del Palau pasa por firmar los citados decretos la próxima semana.

Fuentes de Presidencia de la Diputación sostienen que el decreto del que ayer habló el socialista Puig en la sesión de control de las Cortes «interviene los presupuestos» de la Diputación. Un extremo que no está dispuesto a aceptar el presidente, el popular César Sánchez, que ha mantenido relaciones frías con la Generalitat desde su toma de posesión. «Es inconcebible aplicar una ley que tiene más de treinta años», añadían ayer las mismas fuentes en referencia a la ley de coordinación de las diputaciones que entró en vigor en el año 1983 en la que se basará el citado decreto turístico.

Desde el Palacio Provincial añadieron ayer que el Tribunal Constitucional (TC) ya dio la razón a las diputaciones catalanas a finales de los ochenta cuando pleitearon contra la Generalitat de Cataluña por imponer la transferencia de un porcentaje anual de sus ingresos a las arcas autonómicas. En su día, el TC consideró que esa decisión del Ejecutivo de Jordi Pujol vulneraba la «autonomía financiera de los entes locales para hacer libre uso de sus recursos».

Fuentes de la Diputación alicantina, tras conocer el calendario de fechas anunciado ayer por Puig, calificaron ayer de «insensata» la decisión de la Generalitat de rebajar las competencias de las instituciones provinciales en turismo, alegando las características particulares de un sector clave en la economía de la provincia. Según Presidencia, la aprobación del decreto y sus consecuencias inmediatas en la reducción de autonomía en políticas turísticas supondría «tirar por la borda» la inversión promocional realizada durante años en la Costa Blanca, la «joya de la corona» de la Diputación.

Las mismas fuentes subrayaron ayer que el turismo de Castellón y de Benidorm, por citar dos ejemplos, no guardan apenas semejanzas, por lo que resaltaron la importancia de llevar a cabo políticas concretas de promoción en cada territorio para conseguir mayor rentabilidad. «El turismo de la Comunidad es muy diverso. Por ello, requiere de autonomía institucional. Vamos a hacer lo posible para que el decreto no salga adelante», señalaron ayer desde Presidencia de la Diputación de Alicante, mientras aguardan la aprobación definitiva de los decretos de turismo y de grandes eventos, a los que el Consell prevé dar luz verde durante la reunión del Gobierno valenciano que se celebrará el próximo viernes.

El decreto de Turismo
El decreto sobre materia turística, al que ha tenido acceso este diario, cuenta con un preámbulo, seis artículos, junto a disposiciones derogatorias y finales. En el cuerpo del texto se atribuye a la Secretaría Autonómica de la Agencia Valenciana de Turismo «la coordinación de las funciones de las diputaciones provinciales en material de turismo que excedan del ámbito provincial». También se recoge que la coordinación de las actividades en materia de turismo estará «presidida por los criterios de aprovechamiento más racional y solidario de los recursos presupuestarios destinados», «programación conjunta y articulada de las actividades para evitar la dispersión de esfuerzos y potenciación, en el interior y exterior, de la realidad global de la Comunidad».

Además, el decreto refleja que la Agencia Valenciana de Turismo «programará las actividades que deban fomentarse, financiarse y ejecutarse conjuntamente con las diputaciones, fijando para cada uno las normas específicas de actuación». En cuanto a la cuestión económica, el texto añade que «la financiación de las actividades se hará con cargo a los Presupuestos de la Generalitat y de las diputaciones provinciales, que alcanzarán la cuantía necesaria para conseguir las finalidades propuestas y el mejor cumplimiento de la función coordinadora».

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