No uno, sino dos son los cerrojos que protegen a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de que llegado el caso, un juzgado ordinario le tome declaración, al igual que se está haciendo con todo su antiguo equipo de concejales y asesores en el marco de la Operación Taula. Y es que Barberá -ausente de la reunión que Rajoy protagonizó con el resto de sus compañeros en la Cámara Alta- tiene, como todos los senadores territoriales, un doble aforamiento: el de las Cortes Valencianas -cámara que la designó para el cargo- y el que le otorga el Senado, donde tiene el escaño. Aunque el PP prefirió apartar a la exalcaldesa de la presidencia de la Comisión Constitucional, el lunes la situó por sorpresa en la Diputación Permanente de la Cámara Alta, un «seguro de aforamiento» en caso de que se convoquen nuevas elecciones y se disuelvan las Cortes Generales.

La maniobra del PP ha causado cierta extrañeza en los populares valencianos, sobre todo, teniendo en cuenta que tanto Génova como el PPCV han ido de la mano en la estrategia de presión para que Barberá dimita. Fuentes del Partido Popular no descartan que haya sido el propio presidente Mariano Rajoy, con quien Rita Barberá siempre ha mantenido buena relación personal, el que haya intervenido para no apretar demasiado a la exalcaldesa. El coste de su caída podría pagarla él. Los archivos están llenos de imágenes del presidente del Gobierno con loas a Barberá. Es por esto que en la cúpula del PPCV se cree que el asunto debe resolverlo Rajoy y ser él quien tome la decisión. De hecho, según estas mismas fuentes, la comunicación entre la calle Quart y la exalcaldesa está rota y ni si quiera la lideresa Isabel Bonig, su otrora amiga, habla ya con la senadora.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, por su parte, indico ayer que él cree que «sería muy generoso» que la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá «diera un paso atrás». En las últimas horas Barberá habría manifestado a su entorno más inmediato su malestar por la falta de apoyo del partido después de las acusaciones sobre corrupción vertidas sobre ella. Lo que más ha sorprendido en Valencia del sobre aforamiento de Barberá ha sido el hecho de que era innecesario, dado que la senadora no dejaría de estar aforada, aunque no hubiera estado en la diputación permanente.

La pista de esta doble condición de aforada, la dio su compañero de escaño en el senado y viejo rival, el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en una estrevista en la Cadena Ser. El dato lo rescató horas después en las Cortes, el síndic socialista, Manolo Mata, para criticar al PP por su maniobra: «Aforar dos veces por si pasa algo es un error bestial», indicó. Fabra, sin embargo, no dudó en reiterar que es «difícil de creer» que la exalcaldesa no supiera nada de lo que sucedía en su grupo municipal cuando «su entorno» está siendo investigado e insistió en que debe dar la cara.

Barberá se encontró con otro problema. «Permitidme la licencia; si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas». Son palabras del letrado José María Corbín, marido de Asunción Barberá, hermana de Rita Barberá, y letrado de la secretaria del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, detenida en el transcurso de la operación Taula. Corbín fue la sorpresa de la jornada de ayer ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde desfilan estos días los «investigados» por la trama de los 1.000 euros. Estaba allí por un asunto distinto, pero su vinculación personal y profesional con algunos de los protagonistas de este nuevo caso de corrupción lo convertían, desde luego, en noticia.