La corrupción es un organismo vivo. Y, como sucede en los ecosistemas naturales, todo está relacionado. Las últimas tramas de corrupción investigadas no iban a ser a ser una excepción. De ahí que en el «caso Avialsa», que investiga el presunto amaño de los contratos de aviones antiincendios y el supuesto pago de sobornos a cargos públicos, uno de sus círculos concéntricos se cruce con la «Operación Taula» que también investiga el cobro de mordidas por adjudicaciones en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia.
Máximo Caturla y José Miguel Pérez Taroncher son los dos protagonistas de esta conexión entre ambas tramas. Caturla está considerado como el «cajero» del Partido Popular y ostentó responsabilidades clave tanto en la Conselleria de Sanidad, cuando estaba dirigida por Serafín Castellano, como en Ciegsa, la empresa pública responsable de construir los colegios. Pérez Taroncher es el amigo íntimo y socio del ex conseller cuyas empresas florecieron mientras Serafín Castellano iba encadenando cargos en la administración pública. Así lo ratifica el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, incluido en el sumario del «caso Alvia» al que ha tenido acceso este diario.
Sobre «el origen del negocio de Taroncher» y «el desenvolvimiento público de Castellano» la UDEF destaca que «la cifra neta de negocio» de Construcciones Taroncher, sólo entre 2006 y 2007 «multiplica por tres su facturación pasando de 551.401 euros a 1.737.490 euros».
Consell y Ciegsa copaban su negocio
La UDEF también comprueba a través de la Agencia Especial de la Administración Tributaria (AEAT) la estrecha relación del socio de Castellano con la administración autonómica. «La Generalitat es el principal cliente» de construcciones Taroncher «a quien facturó 1.627.568,57 euros» sólo en 2007, concluye la UDEF. Aquel año, el segundo cliente por volumen de negocio de Taroncher fue Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana SA (Ciegsa). Ambas «prácticamente coparon su negocio».
En 2007 Máximo Caturla aún era consejero delegado de Ciegsa. Ese mismo año abandonó el barco educativo para dar el salto a la Diputación de Valencia con Alfonso Rus. Aunque antes tuvo en cuenta a un viejo conocido en el reparto del pastel. Construcciones Taroncher obtuvo dos jugosos contratos por parte de Ciegsa, por valor de 1.818.800 euros, a pesar de que la empresa nunca ha superado la media docena de trabajadores.
Un detalle que no pasa desapercibido a los investigadores. «Tanto incremento de actividad no requirió la contratación de personal laboral extra, a tenor de sus gastos de personal contratado, que se incrementaron sólo ligeramente, al pasar de 92.501 euros a 100.309 euros», destaca el informe de la UDEF. Taroncher no subcontrató ninguno de estos trabajos por lo que «aparentemente los trabajadores de esta empresa familiar fueron quienes llevaron a cabo las tareas encargadas por los organismos de la Generalitat», concluyen los investigadores policiales.
Aunque además de lograr un pellizco en las adjudicaciones de Ciegsa y la Generalitat, a Taroncher también le tocó el gordo con estas contrataciones, ya que cobraba sin ningún tipo de retraso. En la investigación ya se había apuntado que el constructor de la Pobla de Vallbona «cobraba con prelación al resto de acreedores de la Generalitat» (algunos tardaban años) «debido a la relación mutua con Castellano y a la de sus respectivas parejas sentimentales».
Un secreto a voces que también han podido confirmar los investigadores a través del análisis de la información fiscal de la empresa. Construcciones Taroncher habría cobrado «íntegramente todo lo adeudado» por la Generalitat en apenas un año. De ahí que la policía considere que Pérez Taroncher «gozó de la fortuna ajena a muchos contratistas, que experimentaban dilatados procesos antes de cobrar sus saldos pendientes con la administración pública». A partir de los datos obtenidos de la Agencia Tributaria, la policía constata que la Generalitat debía a Taroncher 1,3 millones de euros en 2007 por «ventas y prestaciones de servicios». Este mismo concepto, en 2009, «es nulo» por lo que deducen que el socio de Castellano «habría cobrado íntegramente todo lo adeudado».
Estado contable «nada habitual»
Es la explicación que encuentra la policía al hecho de que Taroncher dispusiera de 964.276 euros en «efectivo y otros activos líquidos» ese mismo 2009. Un hecho «nada habitual en los estados contables de las empresas». Y más teniendo en cuenta que en 2009 la crisis ya se había apoderado de las arcas públicas y la mayoría de contratistas de la Generalitat agonizaban antes de la llegada de la respiración asistida del pago a proveedores.
A parte de estos ingresos, José Miguel Pérez Taroncher también disponía de casi dos millones de euros en una cuenta en Luxemburgo, como ayer adelantó en exclusiva este diario. Un dinero que se transfirió en divisas hasta el país centroeuropeo, a través de la sociedad Jopeta Patrimonios, pero que «nunca ha vuelto a España», según los investigadores.
