Con 21 personas encausadas y una instrucción judicial que casi llega a los 123 tomos, el juez que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante dictó ayer un auto por el que declara la causa de especial complejidad, lo que en la práctica supone ampliar a 18 meses el plazo para completar las diligencias, según el auto notificado ayer. El tiempo comenzó a contar desde el lunes, día en el que se firmó el auto, y concluiría el 8 de agosto de 2017, aunque puede no agostarse. La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal limita en seis meses el plazo de las investigaciones judiciales, que podrán ampliarse a 18 meses en caso de ser consideradas de especial complejidad. La decisión no es firme y contra ella cabe recurso. Entre los investigados (llamados imputados antes de la citada reforma) se encuentran los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, así como el empresario Enrique Ortiz.
En estos momentos la investigación judicial está a expensas de dos nuevos interrogatorios tras las últimas revelaciones sobre la persona que pagó un jet privado a Díaz Alperi para un viaje a Creta en agosto de 2008 en compañía de la entonces concejala Sonia Alegría. Asimismo, el juzgado espera un informe pericial sobre la valoración por parte de un perito del coste de los viajes a Ibiza de Sonia Castedo en el yate de Enrique Ortiz.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó que la causa se declarara de especial complejidad, una petición a la que se adhirieron el resto de acusaciones como el PSOE y Esquerra Unida. Por contra, algunas de las defensas, entre ellas la de Castedo, se oponían a la medida al considerar que la instrucción ya acumulaba suficientes retrasos. El abogado de la exalcaldesa también pidió dividir la causa en piezas separadas para agilizar la instrucción, una medida que el juez ha rechazado al considerar que, «dado el estado de las actuaciones», «produciría aún más retrasos».
El magistrado Manrique Tejada considera que en el estado en el que se encuentra la causa, la investigación podría «finalizarse antes de agotar el plazo de 18 meses». Sin embargo, entiende que el número de imputados y el volumen de las diligencias, con multitud de informes, son motivos suficientes para proceder a la ampliación. «Veintiún imputados es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia» como para acordar la medida, argumenta el juez, que recuerda que «no se descarta la realización de pericias o de colaboraciones que se puedan recabar por el órgano judicial». En el auto, el magistrado admite que «la instrucción de la causa se está dilatando en exceso» pero recuerda que estos retrasos no pueden achacarse a su juzgado. En este sentido relata que las diligencias llegaron el 27 de julio de 2010, pero hasta el 18 de febrero de 2011 no se recibió toda la causa desde el Palacio de Justicia de Orihuela que tenía la totalidad del caso Brugal, «a pesar de los recordatorios realizados por este juzgado». Asimismo, Tejada también recuerda que en julio de 2012 se remitió la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad dado el aforamiento de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi por su condición de diputados autonómicos. El 17 de junio de 2014 la investigación volvió al juzgado tras dimitir ambos de sus respectivos escaños en las Cortes.
