El exjefe de Aviación Civil cobró también de Huerta para legalizar el aeródromo de Viver

Salvador Alepuz fue destituido en junio cuando se destaparon sus negocios bajo mano con la trama Avialsa

10.02.2016 | 01:13

El aeródromo de Viver es la base logística de Avialsa T35. Se construyó sobre suelo no urbanizable gracias a la obtención de la preceptiva Declaración de Interés Comunitario (DIC), un trámite que habitualmente conlleva años y que en el caso del empresario beneficiado por Serafín Castellano con 45 millones en contratos apenas le supuso unos meses de espera. Sorprendió la celeridad. La buena disposición de los responsables públicos se agilizó a base de mordidas y negocios bajo mano, según se desprende de la investigación judicial. El entonces director de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa), Salvador Alepuz, puso de su parte y no de forma desinteresada. A través de empresas vinculadas a él como Aeronur, Aeronur+ y Aviarq (que compartían sede en un domicilio de la calle Xàtiva), en las que participaba de forma encubierta, trabajó para Avialsa T35 para conseguir la pronta legalización de la base aérea del municipio de Castelló.

En esos trámites, Alepuz tenía las competencias como director de aviación civil. De hecho, habría sido él quien diseñó el aeródromo y sus instalaciones, según la denuncia que en su momento presentó el exgerente de Avialsa Francisco Alandí y que ha sido corroborada en buena parte tras los dieciséis meses de investigación de la Fiscalía, la UDEF y el juzgado de Sagunt.

Alepuz fue defenestrado en Fomento de manera fulminante el pasado 18 de junio, apenas 72 horas después de que este diario revelara negocios del excargo público con dos de los detenidos en la operación policial desplegada el 29 mayo, en la que cayó Serafín Castellano. Alepuz adjudicó, además, una ITV aérea a Vicente Huerta. Este empresario le regaló a un coche Wolkswagen Golf. Gracias a estos presuntos sobornos, Huerta habría obetenido un trato de favor por parte de quien tenía la competencia de decidir sobre los certificados de aeronavegabilidad de los aviones y de homologar a las empresas autorizadas para pasar las inspecciones.

Las conocidas como CAMO, que vienen a ser las citadas ITV de la aviación civil. Una de ellas fue concedida a través Aviarq, firma propiedad de Avialsa T35. En su consejo de administración coincidieron, además de Vicente Huerta, el exgerente Alandí, el exalcalde de Quartell Francisco Huguet, el directivo de la Fundación Medioambiental Huerta, José Bonafont, o Ignacio de Julián, todos detenidos en la operación policial de mayo. De Julián es uno de los ingenieros que estaba a las órdenes de Alepuz y la investigación lo considera su testaferro. De hecho, forma parte de la lista de imputados en esta causa.

Tras la crisis generada por la defenestración de Alepuz, las autoridades de Fomento convocaron en el Aeropuerto de Manises a los directores ejecutivos de las compañías aéreas adscritas a la zona 3 de aviación civil dependiente de Alepuz para trasladarles la destitución. Desde el Ministerio de Fomento explicaron a este diario que iban a fiscalizar todas las auditorías técnicas que Aesa había realizado a la empresa Avialsa, ante las sospechas de un posible trato de favor y para detectar posibles irregularidades en las inspecciones.

Por otro lado, uno de los comparecientes como testigo en la causa, el exjefe de personal de Avialsa Francisco López Coro, avaló la denuncia de Alandí respecto a la petición que hizo Serafín Castellano a Vicente Huerta de que le dejara 5.000 euros «para pagarse una cacería».

Con factura si es posible

El exconseller de Gobernación solicitó esa suma a través de su hombre de confianza Francisco Huguet, al que colocó en Avialsa para que se encargara de las relaciones con las administraciones públicas. Esto es, para que hiciera de conseguidor de contratos. «Finalmente ese dinero se lo llevó el señor Francisco Huguet al señor Castellano», explicó Francisco López Coro en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción.

En la denuncia de Alandí explicó que la intención de Huerta era que el dinero se justificara con una factura a nombre de Avialsa T35, una pretensión que Francisco Huguet consideró poco factible.

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