El contratista de las cacerías pagó 300.000 euros de comisión por un PAI a un testaferro de Blasco

Una filial de Avialsa ganó el plan, vendió el pase y abonó la mordida

10.02.2016 | 12:22
El contratista de las cacerías pagó 300.000 euros de comisión por un PAI a un testaferro de Blasco

Garrido cobró con una consultora sin actividad.

El negocio no estaba en las plumas de los patos y de las perdices. Las cacerías eran los regalos con los que el empresario de Avialsa T35, Vicente Huerta, compraba los favores de Serafín Castellano para encarecer las adjudicaciones de extinción de incendios, alargar el plazo de la concesión y lograr indulgencias de Gobernación pese a incumplir las condiciones del contrato. Las cacerías servían también como lugar de encuentro para arreglar los negocios, según ha acreditado la investigación, pero el negocio estaba en las alas de los aviones y en el cemento y el suelo.

La trama Avialsa no vivía en una burbuja al margen de la inmobiliaria, ni sus protagonistas eran independientes de otros referentes de la corrupción. Así, el empresario Vicente Huerta pagó comisiones a cuenta del negocio de un PAI de 200.000 metros cuadrados en Alfara d'Algímia el plan Nova Alfara entre otros a un asesor y mano derecha del exconseller Rafael Blasco. Concretamente a Jesús Garrido, nombrado personal eventual de Blasco en Territorio el 2 de julio de 2003. Jesús Garrido cobró 300.000 euros de mordida que fueron abonados a su empresa Consult and Develop Gamar S. L. radicada en Picanya, constituida el 17 de noviembre de 2006, dedicada supuestamente a la promoción e intermediación inmobiliaria, pero sin actividad real, según la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía judicial. La investigación considera a Garrido testaferro de Rafael Blasco en este «presunto cohecho».

La empresa Avitractor, filial de Avialsa T35, y la mercantil Consrocas ganaron en UTE el concurso para convertirse en agente urbanizador. La socia de Huerta llegó de la mano de Emilio Máñez, exteniente de alcalde de Quartell, mano derecha de Francisco Huguet el hombre de Castellano en el PP del Camp de Morvedre y quien en la práctica se encargaba de la intendencia de las cacerías. La UTE decidió vender el pase como urbanizador de Nova Alfara a la sociedad Prodaemi. En esa operación hizo de mediador Máñez, según acredita el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt. Seis millones fue el precio.

Las mordidas se blanquearon con acuerdos privados. Anticorrupción y la UDEF se incautaron de un documento firmado por Huerta, en nombre de Avitractor S. L., por el que el empresario beneficiado por Castellano abonada a la empresa del asesor de Blasco la mordida en concepto de «mediación en la cesión de la condición de agente urbanizador del PAI Nova Alfara». El pago se canalizó a través de Avialsa T35 y no de Avitractor. El mayor de esos pagos fue de 208.800 euros entregados a la citada firma Consult and Develop Gamar. Esa cantidad, al igual que otro abono de 23.200 dentro de la comisión de 300.000 se liquidó en el año 2008.

La gestión del PAI y las mordidas que generó coincidieron en el tiempo con la tramitación del proyecto de construcción del aeródromo de Viver, la base logística de Avialsa T35. Huerta logró la autorización de la Conselleria de Territorio el 2 de febrero de 2007. Rafael Blasco permaneció en la conselleria responsable del urbanismo hasta el 30 de mayo de 2006 lo sustituyó Esteban González Pons y luego pasó a Sanidad, donde permaneció hasta el 29 de junio de 2007.

Sobre el papel, ya había dejado su responsabilidad, pero la mano de Blasco era alargada en el urbanismo. Lo dice la propia policía judicial. «A pesar de no ejercer labor alguna sobre departamentos urbanísticos, todavía de forma indirecta ejercía su influencia para que determinados proyectos salieran adelante, pudiendo ser esta la explicación, o incluso tratarse de una comisión diferida por una resolución anterior», observa la UDEF.

El intermediario en la venta fue Emilio Máñez. La policía judicial encontró un acuerdo privado entre Máñez y la compradora Prodaemi en el que ésta reconoce una deuda de 450.000 euros al empresario y político de Quartell. Si no atendía el pago de esa cantidad se comprometía a saldar la cuenta pendiente con tres apartamentos construidos en la Pobla de Farnals, en el complejo Daemi Pobla.

Una operación que podría esconder una presunta comisión.

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