El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha pedido a las instituciones y órganos competentes impulsar cambios legislativos que permitan a los jueces «apartar cautelar o temporalmente a las personas investigadas, si se aprecian suficientes indicios de delito o de alarma social».
Según fuentes de la institución provincial, César Sánchez, del PP, asistió ayer a la Junta de Portavoces de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en la que propuso añadir a una moción conjunta contra la corrupción un punto específico en el que se formula su solicitud o propuesta.
Según explicó César Sánchez, en ese punto específico se solicita que «se inste a las instituciones y órganos competentes a impulsar los cambios legislativos que permitan a los jueces que investigan casos de corrupción apartar cautelar o temporalmente a las personas investigadas, si se aprecian suficientes indicios de delito o de alarma social».
«Hemos aprobado en el seno de la FVMP una moción conjunta contra la corrupción, una lacra que todos los políticos debemos combatir y, por eso, he propuesto al órgano añadir esta medida que reconocerá a los jueces la posibilidad de actuar con contundencia ante casos que generen desasosiego y preocupación en la sociedad y en las personas que nos dedicamos al ejercicio público», explicó.
Por otra parte, César Sánchez quiso felicitar a Rubén Alfaro, nuevo presidente del ente, por haber aceptado la creación consensuada de una Mesa de Trabajo con todos los grupos políticos para establecer un criterio de referencia en relación con los casos de investigación administrativa que afecten a alcaldes y concejales de la Comunidad Valenciana.
El presidente de la Diputación formalizó su propuesta a la FVMP apenas una semana después de que el diputado provincial de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, decidiera romper el pacto PP-C's en la institución por la negativa de Sánchez a retirar el sueldo y la competencia a dos miembros de la corporación investigados por corrupción administrativa: el alcalde de La Nucía, el popular Bernabé Cano, y el ex primer edil de Benidorm, el socialista Agustín Navarro.
Sánchez mantiene que los casos de Cano y Sepulcre quedan fuera del acuerdo de investidura firmado con C's por tratarse de presuntas irregularidades administrativas y no de supuestos que generen «alarma social».
Mientras, el grupo de Compromís en la Diputación impulsa la creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación del Plan Zonal de basuras de la Vega Baja que dio lugar al «caso Brugal».
