1.120 euros por trasladar de sitio el palo de una bandera

La UDEF halla aportaciones «sin sentido racional económico» en una empresa creada por el constructor Taroncher y su familia

10.02.2016 | 01:13

El constructor y amigo de Serafín Castellano, José Miguel Pérez Taroncher, facturó a la Generalitat Valenciana un total de 2.971.783,66 euros sólo entre 2007 y 2009, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Precisamente en febrero de 2009, en pleno estallido del «Caso Gürtel» también se desveló el trato de favor de Castellano a su amigo y chófer, a través de 200 contratos adjudicados a dedo que sumaban 7 millones de euros, según el cómputo adelantado por este diario. El escándalo por los privilegios de Taroncher pasó bastante inadvertido ante la magnitud de la trama dirigida por Francisco Correa que salpicó al PP de Madrid y Valencia, e hizo caer al mismísimo presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Pero Taroncher tomó nota y decidió mudar de empresas, aunque no de clientes. El 14 de agosto de 2009 nació Construcciones DV-Cuatro SL, en honor a sus hijos Daniel y Vanesa. Una empresa que continuó haciendo caja con la Generalitat, aunque a menor escala. Desde 2010 hasta 2013 Construcciones DV-Cuatro SL facturó 451.039,08 euros a la Generalitat y empresas públicas como Vaersa, también investigada por la justicia. Entre los trabajos, destaca el cobro de «1.120 euros por «cambiar el palo de la bandera de sitio. Realizar uno nuevo para su colocación y suministro de placa de anclaje. Limpieza y transporte de ruinas», tal como adelantó este diario en 2013 y queda reflejado en el informe de la UDEF.

El crecimiento patrimonial de esta nueva empresa creada en 2009 por Taroncher tampoco pasa inadvertido a los investigadores. Los cuatro miembros de la familia Pérez Taroncher realizaron cuatro aportaciones dinerarias, en 2009 y 2011, por valor de 649.836,27 euros. «Cuatro inyecciones de dinero por una nada despreciable cantidad que, a priori, carecen de sentido racional económico alguno» por lo que la UDEF considera «necesario indagar con más profundidad en esas imputaciones» de dinero.

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