09 de febrero de 2016
09.02.2016

El juez mantiene investigados a seis ediles del PP de Valencia por presunto blanqueo

La decisión coloca al grupo popular al otro lado de la línea roja del partido para los casos de corrupción

09.02.2016 | 01:03

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia mantuvo ayer la condición de «investigados» a seis concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia, lo que los coloca, como ya ocurrió con su portavoz, Alfonso Novo, al otro lado de la línea roja del PP en lo referido a corrupción, es decir, los deja a las puertas de la expulsión del partido y de la desintegración del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Los otros dos concejales que aún no han prestado declaración, Mª Àngels Ramón-Llin y María Jesús Puchalt, lo harán mañana, miércoles, y el próximo 17 de febrero respectivamente.

Tal como estaba previsto, el juez que instruye el caso Imelsa tomó ayer el testigo de la Guardia Civil e inició la ronda de declaraciones de 34 concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP del Ayuntamiento de Valencia, todos ellos acusados de «blanqueo de capitales» por sus donaciones para la campaña electoral del pasado mes de mayo. En concreto, se les acusa de ingresar 1.000 euros en la cuenta del grupo para luego recuperarlos en dos billetes de 500 euros, dinero presuntamente procedente de comisiones ilegales.

Y de eso fue de lo que les preguntó ayer el juez, quien les advirtió de que el caso está bajo secreto de sumario y no pueden revelar datos de su testimonio. De hecho, a la salida de la Ciudad de la Justicia se negaron a hacer declaraciones ante los medios de comunicación. Cristóbal Grau se limitó a decir que había declarado y otros ni siquiera a eso respondieron.

Y es que según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de los seis concejales y dos asesores que acudieron a la cita del juez, dos de ellos se negaron a declarar al menos hasta conocer de qué se les acusa. Fuentes consultadas por este periódico confirmaron que esas dos personas son la concejala Beatriz Simón y el asesor José Luis Martí. Por contra, sí prestaron declaración los concejales Vicente Igual, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Mendoza y Félix Crespo, así como el asesor Carlos Andrés.

El acta para después

Al término de la declaración todos salieron con la condición de «investigados» por blanqueo de capitales, lo que los coloca al otro lado de la línea roja del PP. No obstante, no hay decisiones tomadas en ese sentido. Cristóbal Grau se limitó a decir que ese asunto se resolverá cuando se levante el secreto del sumario. A esa vía parece que se acogerán todos los imputados, entre otras cosas porque, según aseguran, eso es lo que pactaron con la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, cuando se destapó este caso. Por lo pronto, el partido sólo los ha suspendido de militancia y de forma cautelar, pero para pedirles el acta de concejales se apurará, según indican todas las fuentes, a que el proceso avance.

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