Investigan otra empresa de la Diputación de Valencia por mordidas en obras e informes

El ayuntamiento de Rus echó mano del depósito de la firma provincial mientras hacía obras en la red propia de suministro

09.02.2016 | 01:03
Un camión de Egevasa de los que hace limpieza de alcantarillado.

Y después de Imelsa, la riada de la investigación judicial sobre la trama de presuntas mordidas y financiación ilegal del Partido Popular llegó a la la Empresa General Valenciana del Agua (Egevasa) y está encontrando prácticas primas hermanas de las realizadas en otras parcelas de la diputación, del Ayuntamiento de Valencia o de la empresa pública constructora del mapa escolar, Ciegsa. Según información de la que dispone INFORMACIÓN, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia han detectado sobrecostes encubridores de mordidas en contratos de abastecimiento y obras realizadas por la propia empresa semipública o por sociedades mixtas creadas en los municipios de la red de clientes de Egevasa, especialmente en estaciones depuradoras. El 51% de las acciones de la empresa pertenecen a la diputación, mientras que el 49% restante está en manos de la privada Vainmosa Cartera S. L., cuyo capital social pertenece íntegramente al Grupo Aguas de Valencia desde el año 2001.

Además de las comisiones en obras y gestión de depuradoras, se está investigando si hubo facturación falsa en la realización de informes encargados a consultoras externas y despachos o estudios a precios muy por encima de los de mercado. Una práctica que era muy habitual en la empresa pública provincial Imelsa, que gestionaba Marcos Benavent y que llevó a la Agencia Tributaria a detectar un fraude en el IVA en una factura de 60.445 euros por trabajos en el taller de empleo de Llutxent. Hacienda tiró del hilo y descubrió una red de facturas falsas para saquear las arcas públicas de la que formaban parte una docena de sociedades, algunas consultoras.

Caturla, el hombre de la caja

Benavent estuvo en Imelsa pero no en Egevasa. Pero los principales protagonistas de la Operación Taula controlaban la sociedad e integraban el consejo de administración. El presidente era Juan José Medina, el exvicepresidente primero de la diputación y persona que, como diputado de Cooperación Municipal, gestionó la ejecución del plan de instalaciones deportivas que comprendía campos de fútbol con césped artificial, pistas de pádel y piscinas cubiertas. Un plan que generó comisiones de hasta el 10% y en el que participaron Luján, Construcciones Francés o Clásica Urbana, cuyos dueños fueron detenidos. En el consejo se sentaban Alfonso Rus, como máximo mandatario provincial, y Máximo Caturla. Era este último quien estaba más al corriente de los grandes contratos, según fuentes conocedoras del funcionamiento de la sociedad. Caturla fue subsecretario de recursos en Sanidad, gerente y consejero delegado de Ciegsa (adjudicó 265 millones en obras, con 91 de sobrecoste) y controló el área de Hacienda de la diputación como vicepresidente segundo. Siempre tuvo la llave de la caja de las instituciones que pisó y, paralelamente, la del PP provincial. Rus le encargó las finanzas del partido en el congreso de diciembre de 2004 y tuvo ocho años esa responsabilidad. Del órgano de gobierno de Egevasa forman parte como vicepresidente, Eugenio Calabuig, por Aguas de Valencia, así como representantes de la oposición. Hasta las últimas elecciones, los vocales del PSPV eran Toni Gaspar y Concha Andrés, que estaban al margen de la gestión por no formar parte del gobierno provincial. El PP ha controlaba por mayoría absoluta la diputación. Los «hombres de Alfonso», en terminología UCO, tomaron el mando en julio de 2007.

La actividad de Egevasa comprende el abastecimiento del agua y la depuración. En el año 2014, el último ejercicio cuyas cuentas han sido depositadas en el registro mercantil, la empresa facturó 29,3 millones por el suministro a un total de 68 municipios.

La red de depuración de aguas de Egevasa comprende 151 municipios. La gestión de estaciones depuradoras para dar servicio a estas localidades generó un volumen de negocio de 45,8 millones, según las cuentas depositadas por la empresa pública provincial.

La investigación podría desatar actuaciones judiciales y policiales incluso esta misma semana.

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