El juez declara compleja la instrucción del PGOU de Alicante y la amplía 18 meses

Manrique Tejada considera que 21 imputados, entre ellos los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo o el constructor Enrique Ortiz, "es una cantidad lo suficientemente amplia" para "colmar" uno de los requisitos para dictar complejo un caso

09.02.2016 | 20:19

Un juzgado de Alicante ha acordado prorrogar durante 18 meses la instrucción de la pieza separada del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de la ciudad, donde figuran como investigados la exalcaldesa popular Sonia Castedo y el promotor Enrique Ortiz, entre otros.

La prórroga ha sido posible porque el juez de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha declarado compleja la investigación, y de esta forma ha estimado la petición de la fiscalía anticorrupción.

En un auto notificado hoy mismo a las partes y al que ha tenido acceso Efe, el magistrado afirma que 21 imputados "es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia" para "colmar" uno de los requisitos que establece la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para considerar complejo un caso.

En estas diligencias se encuentran investigados (figura que sustituye ahora a la de imputados) 21 personas entre las que destacan los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, el constructor Enrique Ortiz o el arquitecto municipal Jesús Quesada.

Anticorrupción sostiene que, a cambio de dádivas, los dos políticos favorecieron los intereses del citado empresario en la redacción del planeamiento urbanístico de Alicante, al que el ayuntamiento ya ha renunciado tras la llegada al poder de un tripartito formado por el PSPV-PSOE, Guanyar (EU-IU y Podemos) y Compromís.

El juzgado aún debe practicar diversas pruebas antes de cerrar la instrucción y dictar la apertura de procedimiento abreviado, entre ellas el interrogatorio de uno de los imputados y un testigo previstos para el próximo 1 de marzo.

En su último auto, el juez Tejada admite que la instrucción se puede estar "dilatando en exceso", pero recuerda que no recibió toda la documentación sobre el caso hasta febrero de 2011, más de seis meses después de abrir las diligencias.

Luego, en septiembre de 2012, envió la causa Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) porque Díaz Alperi y Castedo eran aforados, si bien ambos perdieron esta condición en las últimas elecciones autonómicas, y las diligencias regresaron de nuevo al juzgado alicantino dos años más tarde.

Varios investigados se habían opuesto a la declaración de complejidad de esta investigación, entre ellos Castedo, que quería que este sumario se desglosara en varias piezas separadas.

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