La empresa pública que construía centros educativos en la Comunidad no sólo ha contribuido a dañar la ya de por sí endeble imagen de la autonomía al destaparse sobrecostes millonarios en la adjudicación de contratos y por posibles mordidas que se investigan ahora en la operación Taula. Ciegsa también ha dejado un agujero considerable en las arcas de la Generalitat. El último informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, referente a 2014, desvela que la firma ahora investigada finiquitó ese ejercicio con una deuda que roza los 250 millones de euros: 75,3 a largo plazo, 71,7 a corto, 56,2 que se deben a empresas del grupo y 45,2 a acreedores comerciales.
Esta carga financiera no es nueva. Ya había sido de calibre durante los últimos años y llegó a rebasar incluso los 2.500 millones en 2011, antes de que el Consell la asumiera en su gran mayoría. Pero ahora, con Ciegsa en el punto de mira por supuestas corruptelas, cobra especial relevancia. Tal y como ha venido informando este diario, la Intervención General de la Generalitat corroboró a finales de enero en un prolijo informe que «las actuaciones encomendadas a Ciegsa carecen de presupuesto y control por parte de la Conselleria» y que «se efectúan en base a un convenio de colaboración irregular que no se tramitó conforme a ley». Y no sólo eso. Si el coste medio de cada licitación de la Generalitat para los centros educativos había sido, de media, de 663 euros, esa cifra se elevaba hasta los 774 euros cuando era la empresa pública la que se encargaba de pilotar el proceso de construcción de los colegios e institutos. Es decir, un 16,75% más. El porcentaje se elevaba todavía más en el caso de la adjudicación (cuando se acuerda dar la obra a una empresa) y se disparaba tras la liquidación de los proyectos. En este último caso, la diferencia entre un colegio levantado por la Conselleria de Educación y otro de Ciegsa era superior al 36%, según la Intervención de la Generalitat.
Estos sobrecostes, sin embargo, tampoco son nuevos. La Sindicatura los ha ido desgranando todos los años en sus informes sobre la firma pública. Así, por ejemplo, en el documento de fiscalización de 2012 -el último completo de la empresa-, el Síndic de Comptes advirtió de que de los 11 centros que se recepcionaron ese año, hubo modificaciones presupuestarias en los 11. Es decir, que Ciegsa pagó a las empresas constructoras más dinero del que previó cuando adjudicó la obra. Uno de los desfases más llamativos fue el del Colegio Público San Roque, en Polop. En principio, la mercantil firmó un contrato por 4 millones para levantar el centro. Sin embargo, el coste final terminó disparándose hasta los 7,1 millones: 2,6 millones adicionales por modificaciones y otros 532.000 euros por otros gastos no previstos. En las obras del IES La Foia de Ibi, por su parte, se terminaron pagando 2,1 millones más de lo presupuestado; en el IES Enric Valor de Pego el desfase fue de 1,7 millones; y en el colegio Herrando Villar de Almassora (Castellón) la diferencia alcanzó los 1,8 millones. Estas son sólo algunas muestras.
A todo ello se suma, además, la presunta utilización de la empresa para amañar contratos. Al menos, eso investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes están indagando, dentro de la operación Taula, cinco contratos de construcción que podrían haber reportado a la trama corrupta 3 millones de euros en mordidas, según desveló esta semana Valencia Plaza. Y de esa cantidad, el 3% podría haber servido para financiar ilegalmente al PP. El resto se lo habrían repartido los miembros de la trama.
Ciegsa ha tenido un peso notable en la Comunidad desde su creación. En 2000, con Eduardo Zaplana al frente del Palau, el Consell creó la empresa con dos objetivos claros. El primero, «la organización, contratación y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción de obras, instalaciones, ejecución y puesta en funcionamiento de las infraestructuras educativas dentro del territorio de la Comunidad». Y el segundo, «la realización de cualquier obra de adecuación de los centros que se construyan, así como de los construidos dentro del territorio de la Comunidad». Es decir, la administración derivó en ella todos los trabajos de construcción de centros. Desde entonces, su actividad ha sido prolífica. Hasta 2012 había invertido más de 2.300 millones (898 en la provincia de Alicante, 394 en Castellón y 1.038 en Valencia) y había terminado o tenía en curso 872 obras, tal y como consta en el informe de la Sindicatura.
Todos esos guarismos conllevaron un volumen de deuda que dejó a Ciegsa como una de las empresas públicas con mayor carga financiera. El endeudamiento incluso llegó a rebasar los 2.500 millones en 2011. Entonces, ¿por qué ahora el agujero es «sólo» de 250 millones? Básicamente, porque la Generalitat decidió asumir parte de la deuda de algunas de sus empresas cuando reestructuró el sector público empresarial y fundacional, tal y como reclamaba el Gobierno central.
Ese acuerdo se sustanció en un pleno del Consell de marzo de 2012, en el que el Ejecutivo avaló incluir en su pasivo 3.400 millones de deuda de sus empresas para poder liquidarlas. Justo un año después se repitió la historia. En otra sesión plenaria, el gobierno de Alberto Fabra adoptó absorber otros 1.700 millones de deuda de Ciegsa, Proyectos Temáticos y el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos. Hoy, sin embargo, la empresa de los colegios e institutos sigue con vida y con una deuda de 250 millones.
Y a todo ello se añade que la Guardia Civil tiene acreditado que la empresa pública de construcción de colegios e institutos tuvo en nómina a militantes y excargos públicos del PP durante años sin que estos acudieran nunca a trabajar.
