El futuro político de la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial, Rita Barberá, acaparó ayer la rueda de prensa de Isabel Bonig, a quien de mil formas diferentes los periodistas le preguntaron si el partido debía echarla para que no siguiera lastrando la imagen del PP. Bonig, quien tuvo en la senadora un apoyo clave para ser el relevo de Alberto Fabra, intentó no salirse del guión y mantuvo que, por el momento, ni está investigada ni citada. La lideresa del PP se remitió a las declaraciones de Rajoy del pasado martes, según las cuales, ella sería tratada como un militante más. Es decir, se le pedirá el acta si resulta finalmente imputada.
Los populares admiten que respirarían tranquilos si se apartara. Sin embargo, tal como quedó ayer patente nadie está dispuesto a dar el paso, de ser quien le pida a Barberá que deje el escaño. Ella, además, no lo está poniendo fácil. El martes, tras intensas presiones por parte de Génova y de la cúpula regional, Barberá rompió su silencio y emitió un comunicado desmarcándose de la investigación. Nada en esa nota informativa hace pensar en una dimisión. Llegados a este punto, Génova y PPCV se pasaron la pelota.
El primero en hablar fue el responsable de organización, Fernando Martínez Maillo, que insinuó que la decisión sobre Barberá estaba en manos del PPCV y que Génova la respaldaría. Pero Bonig, horas después, ofreció su particular punto de vista sobre a quién le corresponde coger el toro por los cuernos. Mantuvo que corresponde al comité nacional de derechos y garantías pedir el acta a Barberá. Y en la calle Quart -sede de los populares- existe cierto malestar con Génova respecto a esta cuestión.
