05 de febrero de 2016
05.02.2016

Los expertos reclaman mayor contundencia «legal y cultural» frente a la lacra de la corrupción

Juristas, catedráticos, agentes especializados e inspectores abordan el problema en un congreso en Valencia

05.02.2016 | 01:49

Juristas, catedráticos de Derecho Penal, inspectores de Hacienda, así como agentes especializados de la Policía Nacional y la Guardia Civil coincidieron ayer en Valencia en un congreso sobre corrupción en el que reclamaron una mayor contundencia «legal y cultural» frente a esta lacra. El salón de grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de València acoge desde ayer el «III Congreso de Seguridad, Justicia y sistema penal: La justicia frente a la corrupción», en el que se abordaron las dificultades que cada uno de los colectivos mencionados encuentra para combatirla.

La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, Inés Olaizola, enumeró algunos de los casos más destacados de financiación ilegal en España desde los 80 hasta la actualidad y concluyó que este asunto ha sido un «runrún continuado, no sólo en España». En su opinión, resulta extremadamente «perverso» pensar que «determinadas conductas corruptas favorecen el interés general» y advirtió que cuando un partido se financia de forma ilícita «se sustituye la voluntad popular por la del que paga». En este sentido, puso como ejemplo las donaciones que, según explicó, pueden esconderse tras la adjudicación de obras faraónicas que «resultan incomprensibles» tanto por su escasa utilidad como por el momento de crisis en que se han desarrollado. Asimismo, advirtió sobre el funcionamiento de las fundaciones vinculadas a partidos políticos (mencionando Ideas y FAES) por haber escapado al control legislativo impuesto a los partidos en la reciente modificación de la Ley de Partidos y ser, en la práctica, instrumentos de «trasvase de dinero a los partidos». Criticó además la prohibición de que las empresas realicen donaciones a los partidos porque, a su juicio, sólo se conseguirá que se realicen «bajo manga» y cree que debería ser público quién financia a cada partido.

Por otra parte, el inspector del grupo de blanqueo de la comisaría de Alicante, Francisco García Palacios, advirtió sobre las dificultades que tienen los agentes anticorrupción para especializarse en asuntos tributarios, urbanísticos, ingeniería financiera e incluso en la gestión de residuos, como fue necesario en la investigación del caso Brugal. «Nos enfrentamos a verdaderos profesionales del blanqueo, muchas veces gestores y abogados», según indicó, lo que requiere una gran especialización y formación. Asimismo, incidió sobre el elevado nivel de confidencialidad que requiere su trabajo: «en la investigación de Brugal pusimos apodos a todos los sospechosos para poder hablar libremente de ellos en cafeterías o zonas comunes, y solemos destruir todo el papel, digitalizar los documentos y cambiar constantemente las claves de los ordenadores».

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