El equipo de Gobierno municipal está a la espera de que todos los concejales y asesores del PP pasen por el juzgado que investiga el caso Imelsa para tomar decisiones sobre su futuro y sobre su situación laboral. Primero les pedirá a ellos y al partido que dimitan o los destituyan, y si no es así actuarán por su cuenta. Los asesores serán suspendidos de empleo, es decir, despedidos, y a los concejales que no dimitan y pasen al grupo de los no adscritos -el PP ya ha dicho que los suspenderá de militancia- podría quitarles o reducirles notablemente el sueldo, una decisión, eso sí, que no está tomada. «Hay que ver qué pasa», aseguró ayer Joan Ribó.

Después del paso por los juzgados del exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, y del asesor popular Luis Salom, ya se conoce que ambos siguen «investigados» y que Novo quiere conservar el acta de concejal hasta que se levante, al menos, el secreto del sumario. El próximo lunes, además, comienzan a declarar hasta 34 concejales (14) y asesores del PP, gran parte de ellos aún pertenecientes al Grupo Popular. Y media docena de concejales podrían mantener también el acta de concejal y engrosar ese grupo de no adscritos con Alfonso Novo.

Por otra parte, El supuesto delito de blanqueo por el que se investiga a cerca de 50 concejales y asesores del PP de Valencia será instruido en una pieza separada al conocido como caso Imelsa, que tiene su origen en una presunta trama de mordidas en contratos públicos en varias administraciones valencianas.Según fuentes de la investigación consultadas por Efe, se trata de una opción lógica que permitirá acelerar la instrucción. La formación de esta pieza separada podrá ser acordada por el juez de oficio o bien a petición del Ministerio Público, como efectivamente se plantea la Fiscalía Anticorrupción. Así, esta parte del caso, la referida al supuesto blanqueo, se derivaría al Tribunal Superior de Justicia, por estar aforado uno de los exconcejales investigados, Miguel Domínguez, diputado en las Cortes Valencianes. Salvo en el caso de que Domínguez decida dejar su acta de diputado regional, una pieza por supuesto blanqueo de capitales debería recalar en una instancia superior dada su condición de aforado. Y mientras crece la presión contra Rita Barberá también por la vía de cargos del PP como el senador Pedro Agramunt que le marcaron el camino: «Ya es bastante mayorcita para saber lo que tiene que hacer».