La investigación judicial del Plan Zonal de Residuos para la Vega Baja arrancó a partir de las famosas escuchas del caso Brugal mientras se indagaba la polémica y oscura adjudicación del servicio de recogida de basuras de Orihuela en el año 2006. El estallido público de esta investigación tuvo lugar el 7 de julio de 2010 con los registros de la Diputación de Alicante y los domicilios personales del expresidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll, y de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, así como de sus empresas. Los tres fueron detenidos y puestos en libertad después de declarar ante los agentes policiales y comparecer ante el juez y el fiscal Anticorrupción.
Entre las 11 detenciones practicadas en aquella frenética jornada (primera de otras similares que han venido a continuación) el arresto más significativo en el ámbito político fue el de Ripoll. El sumario reveló conversaciones que le implicaban en una dudosa adjudicación a Ortiz de las infraestructuras de residuos comarcales de la Vega Baja, quien habría comprado los terrenos a Fenoll. Ambos empresarios quedarían contentos con la millonaria adjudicación y Ripoll a cambio de la promesa de dos pisos en el centro de Alicante y de dos viajes en los yates de Ortiz, valorados en más de 100.000 euros, según mantienen los investigadores y el fiscal.
Para llegar a la base de la investigación hay que remontarse a unas conversaciones grabadas por el empresario Ángel Fenoll a raíz de la polémica contrata del servicio de recogida de basuras de Orihuela en el año 2006 y con las que pretendía demostrar supuestos amaños en el proceso de adjudicación. A partir de ahí se iniciaron las investigaciones que llevaron al pinchazo de los teléfonos de Fenoll y, más tarde, de Ortiz y Rafael Gregory, de donde se recoge todo el material que terminó incubando la causa del Plan Zonal y otras presuntas corruptelas, de sobra conocidas, como los supuestos amaños del Plan General de Alicante o del Plan Rabasa. Otras piezas separadas de Brugal fueron finalmente archivadas por los tribunales.
En el caso del Plan Zonal la supuesta trama la conformaban, principalmente, el expresidente de la Diputación y su amigo y hombre de negocios, Rafael Gregory, quien actuaba como lazo, presuntamente, entre la institución provincial y los empresarios Ortiz y Fenoll. La jugada, según la investigación, era adjudicar el Plan Zonal a Ortiz, quien a su vez construiría la infraestructura pública para la recogida y tratamiento de residuos en la finca de La Pistola, propiedad, precisamente, de Ángel Fenoll, a quien habría que comprar los terrenos o realizar un alquiler con opción de compra.
Es en este contexto donde entra la exregidora de Orihuela, la también procesada Mónica Lorente, quien dijo a los periodistas que el vertedero iba en la finca de La Pistola y no en la finca de Lo Cartagena, muy cerca esta última de la pedanía de Torremendo, lo que provocó gran rechazo vecinal. Un rechazo que funcionó como excusa perfecta para justificar un cambio de ubicación del vertedero a los terrenos de Fenoll.
El vertedero de la Vega Baja sigue hoy sin construirse y los residuos se están trasladando a la planta de Villena.
