El expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll (PP) recurrirá el auto por el que ha sido procesado junto a otras trece personas por una supuesta trama de corrupción relacionada con el plan zonal de residuos de la comarca de la Vega Baja, han informado hoy fuentes de su defensa.

La titular del juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela notificó ayer a las partes el auto de incoación de procedimiento abreviado sobre esta pieza separada del 'caso Brugalcaso Bruga'.

Tras más de ocho años de instrucción, la magistrada ha concluido que existen indicios de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

No obstante, ha archivado la investigación respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de su participación en los delitos investigados.

Entre los catorce procesados destacan, además de Ripoll, la que fuera alcaldesa de Orihuela por el PP Mónica Lorente, el exportavoz del PSPV-PSOE en la Diputación alicantina Antonio Amorós y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

La corporación provincial adjudicó en su día el plan zonal de gestión de residuos de la Vega Baja (Zona XVII de la Comunitat Valenciana) a la unión temporal de empresas formada por Ortiz y Cespa.

El auto expone que ha quedado "indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada" en torno a cinco empresarios: Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory Fernández.

Todos ellos, según la juez, contaron con "la ayuda" y "la colaboración directa" de "cargos políticos y técnicos" para "obtener favores" de la Diputación y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de la Horadada "mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia" en contrataciones.

La instructora ha dado traslado del auto a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que soliciten dentro de los próximos veinte días la apertura de juicio oral contra los procesados y presenten sus conclusiones o bien soliciten el sobreseimiento de las diligencias.

No obstante, las defensas pueden recurrir la resolución tanto en reforma (ante el propio juzgado) o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Alicante, como harán los abogados del expresidente de la Diputación de Alicante, que fue detenido en julio de 2010 junto a otros sospechosos en el marco de la 'Operación Brugal'.