La Guardia Civil investiga a Gerardo Camps por mordidas en obras del Consell

El principal complejo de funcionarios fue construido por una UTE con un empresario detenido en la causa

05.02.2016 | 01:49
La Guardia Civil investiga a Gerardo Camps por mordidas en obras del Consell

Benavent apunta también hacia el jefe de gabinete del exvicepresidente como contacto con adjudicatarias y subcontratas.

Las diez horas de grabaciones realizadas por Marcos Benavent –todas anteriores a su etapa en Imelsa, a donde llegó en julio de 2007– han ofrecido muchos indicios a la Guardia Civil y a la Fiscalía para indagar en el caso Rus. Los pinchazos telefónicos posteriores y especialmente los ocho meses de permanente colaboración de Benavent con la Justicia para interpretar las cintas, identificar voces, atar cabos y abrir nuevas vías de investigación han sido determinantes para que se haya ido completando el mapa de esta macrocausa. Uno de los nuevos cauces de investigación abierto apunta hacia el exvicepresidente económico de la Generalitat Gerardo Camps en relación con las obras del principal complejo administrativo de la Generalitat, el Nou d'Octubre, que era competencia suya y que alberga la sede de cinco conselleries a partir de la remodelación de la antigua cárcel Modelo de Valencia. Gerardo Camps es aforado por su condición de diputado del Congreso, igual que lo es también Rita Barberá en tanto que senadora.

Según la información de que dispone este diario, la UCO de la Guardia Civil está investigando la ejecución de esos trabajos en los que se habrían pagado presuntas mordidas según datos que habrían sido facilitados por el exgerente de Imelsa. Benavent apuntó, indicaron las mismas fuentes, hacia el exconseller Gerardo Camps y hacia Isidro Prieto, quien era su jefe de gabinete durante todo el proceso de elaboración de los pliegos de condiciones, selección de las ofertas y ejecución de las obras, que fueron adjudicadas en noviembre de 2007 a una UTE integrada por Dragados, Rover Alcisa y Construcciones Luján.

Javier Luján fue detenido en la Operación Taula por su participación, al igual que Cleop, Construcciones Francés o Clásica Urbana en la presunta trama de comisiones y de financiación ilegal del PP en adjudicaciones como las del plan estrella de Rus, de instalaciones deportivas (césped artificial, piscinas cubiertas y pistas de pádel).

Isidro Prieto está investigado, según las mismas fuentes, como presunto responsable de ser quien hablaba con las empresas adjudicatarias y por orientar presuntamente hacia algunas de las subcontratas que habrían trabajado en el complejo, así como en compras de materiales. Un proyecto cuya ejecución acabó acumulando unos 16 millones de sobrecoste. Las obras salieron a licitación por 110 millones, se adjudicaron por 91,9 y acabaron costando 108 millones, en una vuelta al punto de partida que se comió la rebaja inicial.

La inauguración del complejo administrativo emplazado en Valencia, de 110.000 metros cuadrados y cuatro torres de oficinas, tuvo lugar en marzo de 2013. Pero el auténtico acontecimiento fue el arranque de las obras. La «primera piedra» consistió en derribar el muro perimetral de la vieja prisión. Un 15 de mayo de 2008. La entonces alcaldesa Rita Barberá proclamó que tirar el muro «es hacer un canto a la libertad». Ese día, los principales mandatarios del PP y del Consell se concentraron en torno a la maqueta de las 4 torres con entre 9 y 16 plantas y pasearon por las galerías de la antigua cárcel. Allí estaban el expresidente Francisco Camps, Gerardo Camps, la exalcaldesa Rita Barberá o el exportavoz del PP en las Cortes y exconcejal de Urbanismo, Jorge Bellver, entre otros. Gerardo Camps fue conseller de Economía desde junio de 2003 y en junio de 2007 pasó a ocupar el cargo de vicepresidente segundo del Consell de Francisco Camps. Gerardo Camps apadrinó a Prieto como diputado provincial.

«Gero» quería controlar

El exvicepresidente Camps sale en pasajes de las grabaciones realizadas por Benavent el año anterior a la adjudicación de las obras de ese complejo. El 14 de abril de 2006, el exgerente de Imelsa y su amigo Máximo Caturla –en ese momento al frente de la empresa pública Ciegsa y ya al frente de la caja provincial del PP de Rus– hablan sobre adjudicaciones de obras, aparece la empresa Luján y comentan la necesidad de hablar con Gerardo. «Habrá que enfocarlo con Gerardo», le dice uno al otro. Aluden a que «Gero» –así se refieren al exvicepresidente– quería controlarlo todo, según las conversaciones grabadas desveladas el pasado mes de mayo por este diario.

Desde Grandes Proyectos, Gerardo Camps otorgó diversos contratos al grupo Engloba Comunicación, cuyo dueño, José Adolfo Vedri, fue detenido. Esta firma, que recibió 520.000 euros de Benavent, está investigada en relación con la presunta financiación ilegal del PP.

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