La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, parece tener sus horas contadas como política activa en el Partido Popular tras toda una vida al servicio de esta siglas. La dirección nacional del PP y la cúpula regional intensificó ayer las presión sobre la todavía senadora territorial para que dé un paso atrás y deje el escaño. La imputación de todo su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Valencia por presunta financiación irregular y las pesquisas judiciales que afectan directamente a su familia y a su núcleo duro ha puesto a Rita Barberá en una situación de extrema debilidad hasta el punto de que nadie, ni en Madrid, ni en la Comunidad Valenciana la respalda.

De hecho, la dirección nacional, en clara sintonía con el PPCV, puso en marcha ayer su maquinaria de presión hacia Barberá. A lo largo del día, destacadas figuras de PP a nivel nacional evidenciaron, en declaraciones a los medios de comunicación, que Barberá se ha convertido en un problema para la formación. El primero en disparar fue el secretario de organización, Fernando Martínez Maillo, el pasado lunes al pedir a Barberá que saliera a la palestra dar explicaciones ante la opinión pública. Maillo aseguró que es Barberá quien «tiene que dar las explicaciones correspondientes» sobre su relación o no con la corrupción del partido en Valencia. Lo hizo tras la reunión del comité de dirección del PP que presidió el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy.

Ayer, se dio un paso más allá. Según diversas fuentes, Génova tenía intención de hablar con Barberá para pedirle directamente que dejara el acta. Su dimisión podría ser cuestión de horas, sobre todo, si tal como apuntaban algunas fuentes, es el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien llame personalmente a la exalcaldesa con quien mantiene una relación fluida desde hace años. De hecho, Rajoy evitó ayer defender a Barberá al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a su entrevista con el Rey: «La situación de Barberá es la misma que la de cualquier militante», indicó el líder nacional del PP tras afirmar que el PPCV irá tomando medidas «a la vista de la situación judicial de cada uno de los investigados». Y esas decisiones, matizó, serán apoyadas por la dirección nacional del partido.

Rajoy aseguró que el PP y el Gobierno han hecho «todo lo posible» para combatir la corrupción, apartando además «a quienes han hecho lo que no debían», y hará «cualquier cosa» que pueda hacer para mejorar en esa dirección. Fuentes de la dirección nacional indicaron ayer que esperan que la exregidora como mínimo aclare la situación, una petición a la que se sumó también la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig. Preguntado qué haría ella si estuviera en el lugar de Rita Barberá, respondió: «Yo saldría y daría explicaciones», indicó.

Sin apoyos

Desde el Congreso, el portavoz parlamentario del grupo popular, Rafael Hernando, fue contundente. «Barberá tiene que dar explicaciones», enfatizó. En la dirección nacional del PP son conscientes del daño que esta nueva investigación por corrupción hace al partido en medio de las negociaciones para formar gobierno y cuando está abierta la incógnita de si pueden repetirse las elecciones.

Barberá tampoco encontró el respaldo de quienes antaño eran sus colegas. La ministra de Fomento, Ana Pastor, se mostró confiada en que Bonig va a actuar con contundencia. «Cualquier persona sobre la que caiga una imputación deberá dar explicaciones siempre, incluida la exalcaldesa», dijo Pastor.. También hecho balones fuera la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos. Preguntada sobre si debe dimitir por el caso Imelsa dijo: «Es un problema de Rita Barberá», manifestó. Más dura fue la presidente de Madrid, Cristina Cifuentes: «Parece evidente que en el PP de Valencia hay que hacer una regeneración absoluta y completa». Preguntada sobre si tiene que dejar el escaño, manifestó: «Si yo estuviera imputada por corrupción, lo haría». La presión la tiene ahora Barberá.

37.598 euros en un año

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha aumentado en 37.598 euros su patrimonio en el último año, según la declaración de actividades, bienes e intereses que ha presentado en las Corts tras su renuncia como diputada el pasado 3 de agosto de 2015. La actual senadora por designación territorial declara entre títulos, valores, planes de pensiones, cuentas corrientes y depósitos un total de 392.600 euros, según la información presentada a la Cámara. La cifra contrasta con los 355.002 euros que la exalcaldesa de Valencia hizo públicos cuando revisó su declaración de bienes en el ayuntamiento publicada en febrero de 2015. Así, en este tiempo, la ahora senadora ha aumentado su patrimonio en 37.598 euros. Como entonces, la alcaldesa no declara tener bienes inmuebles. La deuda que hace pública es casi la misma, 31.500 euros.