El juzgado pone en busca y captura al socio del exedil García Santos

El promotor se encuentra en paradero desconocido desde que se acordó el arresto de los condenados

05.02.2016 | 01:49
El exconcejal García Santos el sábado en los juzgados al ser conducido a prisión.

El juzgado que el sábado ordenó el encarcelamiento del exconcejal de Urbanismo, José Ramón García Santos, para que cumpla una condena por estafa ha dictado también una orden de busca y captura para su socio, el empresario Luis Espino, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso. El magistrado titular del juzgado de lo Penal cinco de Alicante dictó una orden de busca y captura contra ambos al no haber contestado a su requerimiento para que le comunicaran la fecha en la que iban a ingresar en prisión. Como ya publicó este diario el pasado fin de semana, la Policía puso a disposición del juzgado de guardia el sábado al exedil, pero todavía no ha podido localizar a su socio que de momento permanece en paradero desconocido para notificarle la misma resolución. La defensa de ambos había pedido el amparo al Tribunal Constitucional pero pondrá en marcha otras iniciativas como recurrir la orden de ingreso en prisión, así como pedir al juzgado que dé un plazo a Espino para ponder en orden sus asuntos antes de entrar en la cárcel.

García Santos, que fue responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante durante el primer mandado de Luis Díaz Alperi, resultó condenado a dos años de cárcel por una estafa inmobiliaria cometida tras haber dejado la política y haber vuelto a la actividad privada. Aunque los dos acusados tenían la pena suspendida, el juzgado acordó levantar la suspensión y que ingresaran en prisión al haber incumplido el compromiso de pagar el dinero de las indemnizaciones, que ascienden a 283.408 euros.

Paralelamente, el Supremo tiene pendiente de resolver la apelación de otra condena contra los dos acusados por otra presunta estafa cometida en una promoción inmobiliaria diferente. La Audiencia de Alicante les impuso a ambos dos años de cárcel por otra estafa en un juicio que se tuvo que celebrar dos veces tras haber anulado el Supremo el primero.

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