Con una andanada contra el fiscal y la Policía han respondido los otrora socios del bufete de abogados Salvetti al planteamiento del fiscal Felipe Briones de considerar complejo el proceso que investiga presuntos amaños en el PGOU de Alicante y poder así ampliar la instrucción en año y medio. Una causa en la que ambos, un hermano de la exalcaldesa de la ciudad Sonia Castedo y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, figuran en calidad de investigados (antes imputados) junto a, entre otros, la exregidora, su antecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, y el empresario Enrique Ortiz.
En un escrito dirigido al magistrado Manrique Tejada, instructor de la causa, José Luis Castedo y Gutiérrez no sólo se oponen a que se prorrogue la investigación de este caso sino que arremeten contra el fiscal, cuya actuación catalogan de «muy pasiva en muchas ocasiones» y carente de impulso. A lo que suman «la falta de interés de la Policía en agilizar el caso».
Del fiscal aseguran que desde el 17 de febrero del año pasado «no haya instado ninguna diligencia de investigación» cuando ahora «pretende una prolongación artificial de la causa».
Los abogados se remontan al inicio de la instrucción para apoyar sus críticas al fiscal, del que aseguran que «hasta marzo de 2011» no compareció en las diligencias previas que por el asunto del PGOU se abrieron en 2010 en el juzgado que dirige Tejada, y que durante ese año y el siguiente «no pidió ninguna diligencia de investigación».
En su escrito, el representante legal de los acusados precisa que desde que en 2012 , a instancia del juzgado, se solicita que se envíe toda la documentación del PGOU, «el fiscal no realiza ninguna actuación hasta que, remitida la causa al Tribunal Superior (por el aforamiento entonces de Castedo y Alperi como diputados autonómicos) éste asume su tramitación». Y se queja de que el acusador público, tras más de seis años de instrucción, mantenga que todos los indicios que apuntan a sus clientes se concretan en «sesenta y seis párrafos de presuntas conversaciones telefónicas de las que sólo en diez participan mis mandantes y en la copia literal y acrítica de parte de un informe policial».
Sobre la declaración de causa compleja para que pueda prorrogarse la instrucción, el abogado de los investigados considera que «no es cierto que la investigación no se pueda completar en el plazo estipulado porque», y cita aquí un auto del Tribunal Superior de febrero de 2009, «puede afirmarse que en general no hay asunto alguno, sea cual fuere su pretendida complejidad, que permita una instrucción inacabada de más de seis años (siete y ocho meses en este caso) sobre todo cuando se advierte que todos los imputados han estado a disposición del juzgado en todo momento (no ha habido rebeldías) y que se han podido hacer todos los actos de investigación sin obstáculo alguno».
Este rechazo a que se amplie el plazo para finalizar la instrucción se suma al manifestado ya por los abogados de la exalcaldesa, del que ayer informó este diario.
