Dos son los pilares en los que sustenta la Generalitat Valenciana el recurso de inconstitucionalidad presentado ayer contra los Presupuestos Generales del Estado para 2016. El texto jurídico argumenta que la financiación autonómica que perciben las arcas del Gobierno valenciano es «insuficiente» para el ejercicio de las competencias estatutarias y, además, que el Ejecutivo central, todavía en manos de Mariano Rajoy, aplica un sistema «caduco» de financiación de las comunidades.

El propio jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, fue el encargado de registrar el recurso en la sede del Alto Tribunal en Madrid. En el simbólico acto se hizo acompañar por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. «Cinco millones de valencianos se sienten discriminados por una ley que sitúa los servicios públicos en un espacio de discriminación entre unas comunidades autónomas y otras», subrayó el líder socialista dentro del argumentario para dar validez a un recurso que, según la jurisprudencia existente hasta la fecha por reclamaciones de otras autonomías, no parece tener excesivo recorrido en el Constitucional.

El Consell, sin embargo, recalca que el recurso presentado ayer contra los Presupuestos Generales del Estado para 2016 aprobados por el PP tiene una base consistente. El texto sostiene que la actual financiación que recibe la Comunidad del Estado infringe principios de la Constitución Española (CE), del Estatuto de Autonomía y también de la Ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), referidos a la «suficiencia» de recursos para el ejercicio de las competencias como a la «igualdad» de recursos por habitante.

En las conclusiones del recurso, la Generalitat resalta que las arcas autonómicas dispondrán este año de una «insuficiente financiación para el ejercicio de sus competencias estatutarias», dado que el nivel de recursos «no respeta los principios que establecen la CE, la Lofca y el Estatuto». Y va más allá: «La financiación es insuficiente para el ejercicio del conjunto de las competencias autonómicas como para la igualdad de recursos por habitante para atender los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales fundamentales». El argumentario de la Generalitat también incluye que el actual sistema de financiación de las comunidades es «caduco», por lo que -al juicio del Consell- «ha perdido su vigencia por no haber sido revisado en el plazo que marca la ley». La aplicación de ese sistema, señala el Ejecutivo de Puig en el recurso presentado, no hace más que «agravar el problema».

Las cifras que maneja la Generalitat Valenciana, y que están incluidas en el texto registrado ayer en el Tribunal Constitucional, apuntan a que la Comunidad tuvo unos recursos insuficientes por valor de 1.794 millones de euros al año en el periodo 2012-14. Además, el recurso recuerda que la Generalitat «se ha visto obligada a prever» en los Presupuestos para 2016 de unas transferencias del Estado de 1.325 millones de euros, a causa de la insuficiencia de ingresos del Estado necesarios para hacer frente a los gastos previstos. Presentado el recurso, el Constitucional tiene ahora la palabra.