La petición planteada por el fiscal anticorrupción Felipe Briones para que la causa en la que se investigan supuestos amaños en el PGOU de Alicante sea declarada compleja, como paso previo y preceptivo para ampliar su instrucción en año y medio, ya ha consechado su primer rechazo. Es el que han remitido al instructor del proceso, el magistrado Manrique Tejada, los abogados de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo en un escrito en el que recuerdan los ocho años que han transcurrido desde que arrancaron estas diligencias en Orihuela: el denominado caso Brugal que se inició por supuestas irregularidades en la tramitación del plan zonal de basuras la Vega Baja y del que se desgajaron cerca de una veintena de piezas, una de ellas la del planeamiento urbano de Alicante.
Para José María Asencio y Juan José Martínez Albert, abogados de la exregidora, «no debe bastar en el presente procedimiento con la alegación de complejidad para que se conceda el plazo extraordinario» puesto que en los ocho años antes citados, dicen, (aunque al juzgado de Tejada la causa no llegó hasta el 2010) , «ya debería haber concluido una investigación cuya dilación tiene base en el carácter prospectivo de la misma. No parece que la transitoriedad sea aplicable de forma tan directa en una causa que ha excedido con creces las exigencias de un proceso sin dilaciones indebidas».
Además, mantienen los letrados que Briones no ha fundamentado su petición de declarar la causa compleja sino que se ha limitado «a una traslación automática de la norma que resultaría aplicable en casos ordinarios, no en los que la realidad ha superado en muchos años lo que la ley que se aplica permite».
Acerca de la complejidad de este procedimiento (en el que además de Castedo, y entre otros, está imputado el también exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi o el promotor Enrique Ortiz, a quien supuestamente los dos políticos del PP le habrían facilitado datos del planeamiento urbano de la ciudad a cambio de prebendas), consideran los letrados de la exregidora que «ya ha sido suficientemente analizado en su complejidad y, en caso contrario, el Ministerio Fiscal debería motivar su petición indicando las diligencias que restan por practicar». Motivo por el que consideran «inaplicable de modo automático» la concesión de la prórroga y solicitan al juzgado que exija a Briones «la determinación de los hechos que pretende investigar en el futuro, en el plazo pedido, así como los actos de investigación que, a la vista de los ocho años transcurridos, debe presumirse que considera necesario llevar a efecto». Los abogados señalan que de sostener el fiscal que eso no es posible «sería tanto como afirmar que se carece todavía de un objeto delimitado de modo que, tras ese plazo de dieciocho meses, se pediría otro igual (...) acercándonos muy posiblemente a los doce años de tramitación».
«Diligencias repetidas»
La defensa de Castedo insiste en su oposición a que se conceda la prórroga en una causa que, según precisan, ya ha incumplido el derecho a un proceso sin dilaciones y arremeten contra el fiscal, de quien aseguran que ha solicitado diligencias ya ejecutadas «que se repiten en busca de un resultado distinto», o ha pedido «cientos de escrituras a los fines de acreditar de modo más fehaciente lo que ya constaba en autos en buena medida».
En el supuesto de que el magistrado rechace los argumentos de los letrados y opte por dar luz verde al planteamiento del fiscal, los letrados plantean «la formación de las piezas separadas necesarias para agilizar la causa (...) que impediría una acumulación procesal como la presente».
