La Guardia Civil acredita que militantes del PP cobraban de Ciegsa sin ir a trabajar

Los empleados «zombies» de la empresa pública eran exaltos cargos o exediles que se habían quedado sin sueldo al perder elecciones

02.02.2016 | 18:24

El Partido Popular valenciano puede salir muy maltrecho de la Operación «Taula». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene acreditado que la empresa pública de construcción de colegios Ciegsa tuvo en nómina a militantes y excargos públicos del PP durante años sin que estos acudieran nunca a trabajar, según la información contrastada por INFORMACIÓN de los meses de investigación a la trama corrupta. Los agentes de la Benemérita se centran en la etapa de Máximo Caturla, exgerente de Ciegsa en los años 2004 a 2006 y exvicepresidente de la Diputación de Valencia entre 2007 y 2015. El modus operandi es calcado al que realizó Marcos Benavent en Imelsa, donde varias personas vinculadas a los populares de la ciudad percibían un salario sin acudir al puesto de trabajo.

La investigación de la Guardia Civil continúa secreta pero los agentes desplazados de Madrid llevan varias semanas de actuaciones en Valencia. El pasado martes registraron la sede de Ciegsa y se incautaron de varios discos duros. Entre la información que maneja la UCO, se encuentran las nóminas en la empresa pública de personajes significados del PP valenciano de finales de los años 90 y principios del siglo XXI. Se trata de exaltos cargos y alcaldes populares que, tras perder las elecciones o ser desplazados en el partido, encontraban cobijo y una nómina sin tener que acudir a trabajar.

Fuentes conocedoras de la investigación apuntan a que entre estos trabajadores «zombies» de Ciegsa se encuentran exaltos cargos de la Diputación de Valencia, ediles y asesores de ayuntamientos. En varios casos, estas personas trabajaban en la sede del partido pero su nómina iba a cargo de la empresa pública.

Los investigadores también siguen el rastro a la entrada de los dos arquitectos de la trama y exempleados de Ciegsa e Imelsa, Elena Bosque y Joan Vergara, en la empresa pública. Ambos llegaron a la sociedad de construcción de colegios provenientes de la Conselleria de Sanidad. Para acomodarles un sitio en la dirección de proyectos, Caturla despidió a todo el equipo anterior. La Guardia Civil sospecha que el exgerente de Ciegsa los fichó para facilitar las operaciones de la red corrupta.

Posteriormente y cuando Caturla se marchó a la Diputación de Valencia como vicepresidente de Rus, estos dos arquitectos ahora investigados (antes imputados) ficharon por Imelsa como directores del plan de construcción de campos de fútbol y pistas de pádel de Alfonso Rus. Estos contratos están en el centro de la investigación del caso, ya que se sospecha que sirvieron para cobrar comisiones del 10%.

La UCO se ha centrado a fondo en Ciegsa, donde los sobrecostes sólo en tres años fueron de 91 millones de euros.

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