El Ministerio de Hacienda ha «confiscado» cerca de 63 millones de euros en la mensualidad del mes de enero al Consell por retenciones a los trabajadores en concepto de IRPF que el anterior Ejecutivo liderado por Alberto Fabra dejó sin abonar. La cifra supone casi un tercio de los 199 millones que la Generalitat debía recibir a finales de dicho periodo para cubrir todas sus líneas de pago.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha expresado su «indignación» por la situación y ha recordado que la minoración de los recursos procede de las deudas que el anterior Consell dejó con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y «con las que se financió con cerca de 1.000 millones de euros al cierre de 2014».

A su vez, desde la Generalitat también critican que «más de la mitad de la cantidad que Hacienda se ha cobrado unilateralmente -37,8 millones- ya la habíamos abonado. Esta parte constituye un cobro por duplicado de la misma deuda». Sin embargo -siempre según el Consell- Hacienda no tiene intención de retornar estos fondos, porque el déficit total por los impagos de las retenciones asciende hasta los 310 millones. Desde el departamento que dirige Soler también apuntan que cuando el gobierno autonómico cambio de color político el pasado mes de junio la deuda por este concepto era de 477 millones.

Así, el conseller argumentó que «no es de recibo que el Estado actúe con esta manifiesta deslealtad institucional. Aquí había una deuda generada por el anterior Consell y nos estamos poniendo al día. Ahora nos hacen pagar los pecados de la anterior administración en lugar de buscar soluciones consensuadas entre todos. ¿Qué tipo de gestión de pago a los proveedores puede realizarse cuando nos encontramos con estas decisiones unilaterales e inaceptables».

Por su parte, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, destacó que la decisión de Hacienda «es un varapalo para nuestra tesorería. Esta forma de proceder es muy lamentable y es algo que luego es sufrido por las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana. Si nos detraen una suma tan importante de la financiación mensual al final hay menos recursos para atender las necesidades».

Ferrando también recalcó que «toda la acción de la actual Generalitat en los pagos está marcada por la prioridad social» y apuntó que «por la deuda pendiente el ministerio cobra a la Generalitat un 5 % de interés de demora, con lo que el pago por duplicado no minora la suma principal sobre la que se aplica ese interés».