31 de enero de 2016
31.01.2016

La trama cobró mordidas del 10% por el césped de estadios hechos por la Diputación de Valencia

El plan estrella de Rus generó las mayores comisiones gracias a la complicidad de los técnicos al diseñar los pliegos y falsear proyectos

01.02.2016 | 17:06

Ladrillo, asfalto y hierba. Es el cóctel que conforma el nicho de mercado en el que políticos, técnicos y empresarios urdieron la presunta trama de comisiones para bolsillos privados y para las arcas del PP. La llegada de «los hombres de Alfonso», así los llama la UCO de la Guardia Civil, a la diputación ganó otra plaza en la que instalar la cosechadora de mordidas. El plan estrella de Rus, el de fomento de instalaciones deportivas –alfombrar campos de fútbol con hierba artificial, construir piscinas y pistas de pádel– se diseñó a conciencia en 2007 para que, además de satisfacer a los alcaldes, permitiera controlar todos los resortes del dinero y quedarse con una parte.

Fuentes de la investigación judicial señalan el césped fue uno de los terrenos en los que se dejó mayor margen para el reparto de sobres. que no estaba prefijado un porcentaje concreto de comisión y que las mordidas llegaron a superar el 10%. Una cuota que no se fijó de forma casual, sino que estaba vinculada a la mecánica de las concesiones. Como tampoco es causalidad que dos firmas de consultoría arquitectónica contratadas (QB Architectural Purposes S. L. y Bonllop S. L) recibieran encargos para realizar proyectos de ese plan estrella por valor de 517.387 euros y que ahora estén investigadas por cobrar varias veces el mismo trabajo o facturar proyectos y dirección de obra no ejecutada. Dentro y fuera de las instituciones debía garantizarse la connivencia o complicidad de todos los agentes para que saliera más dinero del necesario para la dimensión de las obras acometidas y para que contratistas como Construcciones Luján, Construcciones Francés o Clásica Urbana puedieran canalizar las presuntas comisiones hacia el PP. El césped es clave en la investigación sobre la financiación del partido.

Todo ello sin contar los beneficios que se llevó Benigrass, del empresario amigo de Rus Vicente Cuquerella, como empresa proveedora de plástico para el césped a otras firmas como Hermanos Doménech –de Muro de Alcoi y también registrada el martes–, a las que las constructoras compraban el césped. Era una cadena de recomendaciones desde los despachos oficiales de forma que una de las condiciones para llevarse la obra era comprar el césped a quien ordenaba el equipo de Rus. Beniplast-Benigrass se dedicaba a las mallas de invernaderos agrícolas y desde entonces amplió el negocio al césped.

El vicepresidente primero y diputado de Cooperación Municipal, Juan José Medina, llevaba la batuta de ese plan, junto con el gerente de Imelsa, Marcos Benavent, y el jefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, a las órdenes del presidente Alfonso Rus. Todos fueron detenidos el martes, salvo el imputado Benavent, gracias a su colaboración con la Fiscalía y la Guardia Civil. Los constructores Javier Luján, Vicente Francés o Javier Marchiesi, adjudicatarios de obras del césped, también fueron arrestados.

El plan inicial preveía 214 proyectos. Finalmente se ejecutaron 120, por 34,7 millones de euros. 64 campos de fútbol, 47 pistas de pádel y 9 piscinas. La diputación pagaba el 50% de la obra y el municipio la otra mitad, salvo las localidades de menos de 5.000 habitantes, que corrían con el 40% del gasto. La diputación financiaba a los municipios para que pudieran abonar su parte a 10 y 15 años.

El modus operandi para adjudicar las obras, por lotes, no se improvisó. No se optó por la subasta a la baja –que abarata el precio– ni tampoco a la media, sistema muy utilizado en la Administración y que prima la propuesta que más se aproxima a la media de las presentadas, algo así como la mejor relación calidad-precio.

En Genovés funcionó el plan

El pliego de condiciones se diseñó de forma que se penalizaba el abaratamiento de costes. Porque no se quería reducir el margen de beneficios. Cualquier propuesta que bajara más del 10% el precio obtenía un cero en la baremación. La máxima puntuación se otorgaba con la rebaja de exactamente un 10%. Eran 50 puntos. Para la decisión final se consideraba también la proposición técnica que se presentara, cuya evaluación no se sometía a criterios objetivables. Si se tratara de una selección para cubrir un puesto de trabajo, podría decirse que la entrevista personal resultaba decisiva. Con este diseño de pliegos, la práctica totalidad de las ofertas presentadas rebajaban el 10% para llevarse la puntuación máxima. Y quedaban a expensas del criterio subjetivo, que se había resuelto en un despacho.

En la primera tanda de concesiones figuraba, por ejemplo, el campo de fútbol de Genovés, del que era alcalde Llopis. La adjudicación se firmó el 5 de septiembre de 2011 por 495.000 euros. Justo un 10% menos que el precio de licitación (550.000). Lo mismo sucedió en el campo de Tavernes (se licitó por 356.034 y se dio por 320.431) o en Alboraia (se otorgó por 630.000 con esa misma rebaja).

Los informes técnicos en los que se justificaba la elección del constructor iban firmados por Juan José Medina y por el vicesecretario general de la diputación Tomás Conesa. El sistema blindaba contra la reducción del precio, que, además, estaba hinchado. Los autores de los proyectos y directores de obra eran contratados por Imelsa, bajo la supervisión de los arquitectos de la empresa pública Joan Vergara y Elena Bosque, también detenidos. Se fijaban precios hinchados, bajo el control de Marcos Benavent. Sucedió en las citadas adjudicaciones o en las de los campos de Alzira, Burjassot o la Moncada de Medina, que fueron a parar a Construcciones Luján por 3,8 millones. Construcciones Francés, por su parte, recibió el 3 de julio de 2010 un total de 2,58 millones para cuatro campos de fútbol.

Tan hinchados estaban los precios que algún alcalde socialista llegó a alertar de que él hacía más por mucho menos. Entonces se tuvo que recortar el presupuesto en unos 200.000 euros.

Ese 10% que previamente se reducía era luego recuperado. Y en algún caso, marcaba el listón de la mordida. Para poder abonar ese porcentaje extra sobre el precio pactado, se argumentaban errores en la medición en el proyecto. Por ejemplo, un presunto mal cálculo de los metros de césped necesarios. Sucedió en la inmensa mayoría de los proyectos, según fuentes conocedoras de la investigación. Se cobraba el suplemento sin necesidad de modificar el presupuesto ni hacer un modificado de obra. Porque el artículo 234 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que no se exigirá una previa aprobación de la alteración del precio cuando el error en el «número de unidades ejecutadas [el coste se fija de forma unitaria, desde el metro de hierba a una farola] sobre las previstas en las mediciones del proyecto no representen un incremento del gasto superior al 10%».

Papel clave de Salvador Deusa

En todo este montaje a diversos niveles para lubricar los mecanismos de las mordidas de forma que circularan sin que nadie pusiera objeciones, sospechara o denunciara resulta crucial la figura de Salvador Deusa. Es el jefe de evaluación y planificación de la diputación y fue detenido en la Operación Taula. Participaba en elaborar los pleitos, al igual que el viceinterventor o el oficial mayor. También tenían un papel relevante los citados Vergara y Bosque, arquitectos de la casa que fiscalizaban los proyectos. Para elaborar proyectos y dirigir obras del plan Rus se contrató a despachos de arquitectos como QB Architectural Purposes o Bonllop S. L., empresas vinculadas entre sí. Entre ambas cobraron 517.000 euros. Facturaron por proyectos de césped, piscinas y pádel. Los investigadores de la Guardia Civil detectaron que varios proyectos de los campos de fútbol o del resto de las infraestructuras deportivas generaron facturas falsas. Porque los trabajos no se hicieron o porque se cobraron varias veces.

Algunos servicios de estas consultoras son de dudosa ejecución y encendieron las alarmas. Vergara avaló la realización de los trabajos y autorizó los pagos sin constatar la ejecución de la obra. Y sólo por la constancia de que los proyectos existían, según la investigación.

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