31 de enero de 2016
31.01.2016

La probable «investigada» 51, en el punto de mira

El magistrado del caso no puede hacer nada sobre la exalcaldesa porque está aforada como senadora

02.02.2016 | 01:14

Pesquisas. El juez sigue con Rita Barberá la misma estrategia que la instructora del caso Blasco tras la imputación de los cincuenta concejales y asesores del PP del Ayuntamiento de Valencia. El magistrado tendría que elevar el caso al Supremo, que está optando por asumir solo a los aforados.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá conocía el plan para lavar el dinero de la caja B, que ha supuesto la imputación de los 20 concejales y 30 asesores municipales del partido en la capital del Turia, según confirmaron ayer este diario fuentes cercanas al caso. Los 50 investigados (nueva acepción para los imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) salvo Miguel Domínguez, que es aforado como diputado autonómico, están compareciendo ante la Guardia Civil por las aportaciones de mil euros por cabeza para financiar la última campaña de Barberá que supuestamente les fueron devueltos en dinero negro. Fuentes del Supremo explicaron ayer que el magistrado que instruye el caso «no puede hacer nada» sobre Rita Barberá –ni tomarle declaración ni ordenar ningún registro– por su condición de aforada como senadora.

Fuentes próximas al procedimiento aseguraron que el juez está siguiendo la misma estrategia que la instructora del caso Blasco, que elevó el asunto al TSJ cuando ya tenía avanzada la investigación. En el caso de Blasco, la juez elevó la consulta al TSJ y el Tribunal Superior lo asumió.

En el supuesto de que finalmente el juez cierre el círculo y considere que el procedimiento del blanqueo del PP municipal debe tener 51 investigados, elevará una exposición razonada al Supremo con los indicios para la imputación de Barberá. Hasta ahora, en Valencia los casos con investigados aforados pasaban íntegramente al TSJ. Sin embargo, este procedimiento puede ser diferente. El Supremo está optando por asumir exclusivamente a la persona aforada. El último ejemplo es el de la exalcaldesa popular de Jerez y diputada nacional María José García Pelayo, que está siendo investigada por si cometió un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público en relación con las adjudicaciones a empresas de Gürtel de eventos de Fitur 2004.

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