En plena cascada de detenciones y denuncias por corrupción política en la Comunidad Valenciana con el Partido Popular como eje, un exedil de esta formación de Alicante, José Ramón García Santos, ingresó ayer en prisión para cumplir una condena por una estafa inmobiliaria realizada cuando estaba ya fuera de la Corporación municipal. Y lo hizo tras tener que ser detenido por la Policía Nacional al emitirse una requisitoria judicial para proceder al encarcelamiento decretado por la Audiencia Provincial, tras no presentarse voluntariamente para su entrada en prisión, según informaron fuentes del Juzgado de Benalúa.
El exconcejal, responsable del área de Urbanismo del primer equipo de gobierno de Luis Díaz Alperi (1995-1999), fue trasladado a primera hora de ayer al Palacio de Justicia, donde el Juzgado de Instrucción Número 8 de Alicante, ayer de guardia, se limitó a notificarle la orden de ingreso en prisión, siendo trasladado a Fontcalent con el resto de reclusos poco antes de las 15.00 horas.
Las fuentes consultadas no pudieron aportar detalles de su arresto, si fue en su vivienda o en otro lugar, ni cuándo se debía haber presentado en la cárcel para su internamiento. Del mismo modo su socio Luis Espino, condenado también a dos años, no se encontraba ayer junto con García Santos en el juzgado, aunque se desconoce si ya está en prisión o bien también pesa sobre él una requisitoria judicial para su encarcelamiento.
Ambos fueron condenados por un juzgado de lo Penal de Alicante en 2011 a dos años de prisión por un delito de estafa en una promoción inmobiliaria de su mercantil Planesia. Al no haber abonado los 283.408 euros de indemnización para las víctimas del fraude, el juez ordenó que no se suspendiera la pena y esta medida fue confirmada hace unos días por la Audiencia Provincial. Su entrada en prisión estaba pendiente de que se fijara la fecha, pero tras decretarse el día de su encarcelamiento García Santos no se presentó y esto desembocó en una requisitoria para su arresto e ingreso en prisión.
Incumplimiento
Aunque lo habitual es que los juzgados eximan de la entrada en prisión a condenados cuando la pena no supera los dos años y no tienen antecedentes, en este caso se supeditaba la suspensión del encarcelamiento a que abonaran las indemnizaciones a través de un plan de pagos que habían aceptado ambos, pero que se ha incumplido.
La defensa del exedil anunció la pasada semana que pediría amparo ante el Constitucional para frenar el encarcelamiento, algo que finalmente se ha producido.
El fraude por el que ha acabado en prisión se remonta a 2004, cuando García Santos ya estaba fuera del Ayuntamiento y se dedicaba a actividades inmobiliarias. A través de su empresa compraron un inmueble en la calle Villegas de Alicante, donde se inició una promoción de viviendas y vendían los pisos sobre plano.
Según recoge la sentencia, con algunos de los pisos ya vendidos y con cantidades entregadas por los compradores, los condenados procedieron a la venta de todo el inmueble a otra empresa en 2009, omitiendo cualquier referencia de las ventas ya realizadas. El juez señaló en el fallo que los clientes se quedaron sin las casas y sin que se les devolviera el dinero abonado a Planesia. Por ello, se les impuso dos años de cárcel a cada uno por estafa y se les obligaba a indemnizar a los perjudicados por el dinero entregado.
Por otra parte, García Santos está pendiente del Tribunal Supremo por otra condena de dos años de prisión de la Audiencia Provincial de Alicante de junio del pasado año por una estafa en otra promoción inmobiliaria. Este juicio se tuvo que celebrar dos veces al anular el Supremo el primero, y la sentencia está recurrida en el Alto Tribunal, que debe decidir si la confirma.
