La Guardia Civil confirma los cargos y revienta la cúpula del PP valenciano

Alrededor de treinta personas que copan el grupo municipal y el PP de Valencia declaran ante la UCO

02.02.2016 | 01:14
La Guardia Civil confirma los cargos y revienta la cúpula del PP valenciano

Los interrogados ayer salen «investigados» a la espera de declarar ante el juez. Los afectados reiteran su inocencia y aseguran tener demostrado que sus acusaciones no tienen nada que ver con Imelsa.

Largo desfile de concejales y asesores, breve interrogatorio ante la Guardia Civil y como conclusión, la imputación de toda la cúpula política y orgánica del PP de Valencia, lo que en la práctica supone reventar el partido en la capital y hacerlo por la vía más sensible de cara a la opinión pública, que es la corrupción.

Nadie podía imaginar hace tan sólo cuatro días, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo o citó a declarar como «investigados» a cuatro miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia (Alfonso Novo, presidente del PP y portavoz del grupo, investigado; María Carmen García Fuster, secretaria del grupo, detenida; Luis Salom, asesor, investigado: y María José Pi, administrativa, investigada) que eso sería el inicio del desmantelamiento del PP en la capital de la Comunidad.

Su baja en el partido abocaba a una transición encabezada seguramente por una gestora, pero la sorpresiva citación como «investigados» de toda la cúpula del PP, tanto concejales como asesores (cincuenta personas), y la confirmación de esa responsabilidad tras su declaración ante la Guardia Civil, ha sido un golpe definitivo al partido en la capital.

Uno tras otro, los citados por la UCO fueron desfilando por la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix. Los primeros fueron los concejales Félix Crespo, Cristóbal Grau y Alberto Mendoza, que llegaron juntos a eso de las nueve menos veinte de la mañana. Y luego le siguieron Vicente Igual, Lourdes Bernal, Beatriz Simón, Ana Albert, Silvestre Senent, Mari Àngels Ramón Llin, Francisco Lledó, Vicente Aleixandre y María Jesús Puchalt, todos concejales o exconcejales de Valencia que iban en la lista de las últimas elecciones municipales del 24-M.

No acudió, sin embargo, el edil popular Eusebio Monzó, que es independiente y fue incluido en el número 4 de la lista muy a última hora.

Intercalados entre estos concejales, pasaron también numerosos asesores, como Carlos Andrés, Dolores Cubells, Julio Aguado, Manolo Mas, Cristina Montalvá, Alejandro Fernández, Cristina Diego, Vanesa Arnal, Concha López y un largo etcétera. En total, más de treinta personas que cobraban del partido y que, como suponen los investigadores de la Guardia Civil, pusieron mil euros para la última campaña electoral del PP y luego les fue devuelto presuntamente en dinero negro procedente de comisiones ilegales.

Precisamente, esa donación fue el eje de los interrogatorios y mayoritariamente admitieron que habían puesto esos 1.000 euros, pero también aseguraron que no les habían devuelto nada ni tenían conocimiento de que nadie lo hubiera hecho, extremo que constituiría un delito de blanqueo de capitales.

Sólo cuatro de ellos, que se negaron a participar en esta operación, han certificado estos cobros ilegales y de hecho ayer acudieron a declarar y salieron de Patraix (Valencia) simplemente como testigos, tal como declaró Nuria Diego.




Criterio fijo
Al final, el criterio inicial de la Guardia Civil se impuso y todos los citados salieron de la Comandancia de Patraix con esa calificación de investigados. Sobre la causa pesa, además, el secreto sumarial, por lo que ninguno quiso hacer valoraciones al término de su comparecencia.

Sólo alguno de ellos, entre una enorme nube de cámaras y periodistas congregados, dijo alguna frase mientras buscaba un taxi o esperaba un coche para abandonar tan incómodo escenario, al que se sumó algún vecino para gritar desde las ventanas «lladres, corruptos, sinvergüenzas».

Beatriz Simón fue la primera en confirmar que «salimos como entramos», y Silvestre Senent quien con más tranquilidad negó los hechos: «En mi época de concejal nunca supe que se amañara nada». También Mª Àngels Ramón Llin aseguró que «quien debe preocuparse es quien haya hecho nada malo». Y para tapar ese vacío informativo, finalmente el Grupo Municipal Popular hizo un comunicando dando su opinión sobre todo este asunto.

«A pesar de la dificultades, tenemos el pleno convencimiento de que no hemos cometido jamás ningún acto ilícito, toda vez que siempre hemos actuado con total y absoluta honradez y honorabilidad», asegura el grupo, que se pone a disposición de la Justicia y del Estado de Derecho.

Niegan la relación con Imelsa
Respecto a las acusaciones, aseguran que tras su declaración ante la UCO «ha quedado demostrado que no se nos está acusando del cobro de comisiones y de adjudicaciones fraudulentas de contratos», por lo que «quieren dejar bien claro que no existe ningún tipo de relación o conexión con los hechos por los que se mantiene una investigación abierta relacionada con la empresa Imelsa, tratándose de supuestos absolutamente distintos».

Pare terminar, aseguran que el grupo «defenderá su honorabilidad e integridad hasta el final de este procedimiento y no permitirá juicios paralelos ni condenas previas».

Ahora, la próxima parada es el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que ordenó las actuaciones de la operación «Taula». Todo parece indicar que esas declaraciones se producirán a partir del 8 de febrero y será entonces cuando el juez diga si efectivamente siguen «investigados» o quedan libres de cargos.

De eso dependerá también que lo que ahora es la explosión del partido revierta algo o se confirme en toda su crudeza.

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